La CIDH destacó que las violaciones a derechos humanos no son una realidad que se limita a los estados y municipios, sino que el gobierno federal también debe asumir responsabilidades.
Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió que México “enfrenta un desafío para lograr una coherencia entre la buena voluntad de las autoridades federales y las actuaciones de las autoridades a nivel estatal y municipal”, en su informe sobre el153 Periodo de Sesiones realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre, donde participaron autoridades federales y organizaciones civiles.
Durante la sesión correspondiente al tema de la impunidad por violaciones de derechos humanos en México, el comisionado James L. Cavallaro manifestó que “se nota la buena voluntad política de los presentes… la cuestión es cómo se hace llegar a los directamente involucrados, al ejército, a las comisarías de la policía, etcétera.”
En el reporte, la CIDH lamentó los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre, y expresó su interés por conocer las medidas que el Estado mexicano llevará a cabo para dar respuesta a estos acontecimientos, en particular, la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
En su apartado sobre México, el informe constó de 5 campos temáticos, entre ellos el Programa Nacional de Derechos Humanos de México; las denuncias sobre destrucción de la herencia biocultural por la construcción de mega proyectos de desarrollo; la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; las denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y la protesta social.
En el tema referente a la Fiscalía Especial, la Comisión se refirió a “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la “guerra sucia” y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente en el país”, como el ataque a los normalistas en Iguala.
Asimismo, la CIDH consideró que las violaciones a derechos humanos “no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el Gobierno Federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en las entidades federativas.”
El informe, que también contiene apuntes sobre Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Cuba, Jamaica, Venezuela, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Perú y Paraguay, incluyó el planteamiento de las organizaciones civiles que refieren que “el fenómeno de la impunidad en México se produce, entre otras razones, por la falta de capacidad institucional de las agencias de investigación” así como por “la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que se encuentren involucrados integrantes de sus propias instituciones.”
