El notario Salvador Cosío declaró ante la PGR que son falsas sus firmas en documentos que avalan el cambio accionario en la compañía que compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos.
Los problemas continúan para Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, quien ha sido señalado en las últimas semanas por su presunta relación en un caso de lavado de dinero.
El diario español El País dio a conocer este martes que el notario que supuestamente autorizó el cambio de acciones de la compañía Manhattan Master Plan, que participó de la compra de una nave industrial de Ricardo Anaya en 2016, negó haber firmado dichos documentos, que forman parte de la carpeta de investigación que lleva la Procuraduría General de la República (PGR).
Te puede interesar: PAN y MC rompen diálogo con la Segob por acusaciones en contra de Anaya
De acuerdo con el diario citado, el notario Salvador Cosío declaró ante la PGR que alguien falsificó su firma en al menos tres de los documentos que avalan el cambio accionario en la compañía que compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos.
Cosío es hijo del exgobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri y actual precandidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Jalisco, presentó una denuncia por el delito de falsificación contra quien resulte responsable, debido a que, explicó, los documentos no tienen las características con las que acostumbra a elaborar estos contratos.
El problema de Anaya
El candidato presidencial del PAN ha negado en varias ocasiones haber participado en acciones criminales en la venta de una propiedad que vendió en 2016 a la empresa Manhattan Master Plan, presunta propiedad de un arquitecto de nombre Juan Carlos Reyes, una empresa que de acuerdo con la PGR, fue creada sólo para realizar la transacción inmobiliaria.
El 19 de septiembre pasado, El Universal también documentó que la empresa nació en sólo tres meses, con un capital de 10 mil pesos, un domicilio en un terreno baldío y dos socios sin perfil empresarial, Humberto Hernández y su esposa María Amada Ramírez, quienes aseguraron ante la PGR que nunca tuvieron conocimiento de la existencia de la compañía y afirman que los documentos con sus firmas son falsos.
Adicionalmente, uno de los abogados que fungen como testigos protegidos en el caso declaró que él mismo modificó el acta constitutiva de la empresa para cambiar el nombre del dueño a Juan Carlos Reyes y los documentos que avalan estos cambios son, precisamente, lo que Cosío niega haber firmado.
Con información de El País