Moreno Valle y el diputado del PAN Eukid Castañón buscan imponer mayores castigos por realizar graffitis, puesto que dan mala imagen.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Tras las manifestaciones realizadas por grupos estudiantiles en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la presencia de Enrique Peña Nieto en Puebla, el diputado panista Eukid Castañón Herrera presentó una iniciativa para castigar con 12 años de prisión a las personas que realicen pintas y graffitis.
Siguiendo las indicaciones del gobernador poblano, el legislador del PAN aseguró que su propuesta es un “acto de justicia” que servirá para combatir el “pandillerismo” y proteger la propiedad pública y privada. Intentando desligar esta iniciativa a la política represiva del gobierno poblano en contra de las manifestaciones y marchas en su contra, aseveró que las pintas son un problema sociocultural cotidiano y que está ligado a crímenes como el robo, el homicidio y las violaciones.
Su definición de pandillerismo parte del artículo 185 del Código Penal de Puebla (CPP) que establece que “se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en compón algún delito”.
Castañón busca reformar lo establecido en los artículos 185 y 413 bis, y agregar el 413 ter en el CPP. Busca que se agregue de tres a seis años de castigo a cualquier acto generado en circunstancia de pandillerismo. A su vez se encarcelará de uno a tres años a quienes causen daño o deterioro al realizar cualquier manifestación gráfica a propiedad privada y de dos a cuatro años en propiedad pública.
El nuevo artículo que propone culmina con una sanción de seis a doce años para quienes alteren o dañen cualquier equipamiento o infraestructura urbana, a cualquier bien que sea destinado a la prestación de servicios públicos, o al patrimonio artístico y arquitectónico del estado.
En total se puede dar el escenario de un total de 22 años de prisión a quienes en un marcha hagan pintas a una instalación de gobierno que se dedique a proporcionar algún servicio.
Eukid Castañón Herrera fue electo candidato a una diputación plurinominal del PAN para las presentes elecciones.
Moreno Valle declaró de la importancia de tipificar los graffitis como delitos que merzcan penas más graves. Durante la inauguración de colector pluvial de la colonia Francisco I. Madero en la ciudad de Puebla, aseguró que ésta es una práctica que o genera beneficios para la sociedad y que dan mala imagen. Y adelantó que sería Castañón Herrera quien presente la iniciativa.
Graffiti como expresión de demanda
La necesidad del gobierno morenovallista para prohibir esta práctica se encuentra en el carácter de disidencia que ésta implica. El uso de la imagen y la palabra pintada, especialmente aquellas generadas a partir de una manifestación social, genera una permanencia que las marchas no pueden tener. Lo pasajero de un acto colectivo en que cientos o miles de personas salen a las calles a mostrar su repudio hacia dos mandatarios, es anclado en las calles a través de la pintura, volviéndose en impronta y evidencia del acto de rechazo; aunque éste también sea relativamente efímero.
Por ello esta iniciativa poblana no es baladí, busca dominar mediante la legitimación de la coerción para apagar otras formas de expresiones antagónicas al gobierno estatal, en este caso desde la juventud. Bien podría ser el paso lógico que continuaría después de la polémica Ley Bala. Prohibir las manifestaciones masivas y ahora se busca borrar la huella que éstas pueden dejar.
El graffiti es una escritura que se apropia de espacios que no tienen tal fin, por lo que su impacto comunicativo es peculiar. En su artículo titulado “Graffiti: una expresión político-cultural juvenil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México”, el investigador Jesús Gómez-Abarca afirmó que “En México, estas producciones visuales callejeras se han nutrido de la gráfica política realizada por las organizaciones políticas comunitarias y estudiantiles como recurso para transmitir sus demandas…” En el caso de San Cristóbal de la Casas, Chiapas, indica que en respuesta a las pintas el alcalde criminalizó a la comunidad graffitera y la catalogó como uno de los principales problemas de la ciudad. Por ello propuso una “Ley y Operativo Antigraffiti”. Como respuesta, los jóvenes se manifestaron reivindicándose como productores de cultura y sujetos de derecho. Gómez Abarca escribió que “La falta de conocimiento, profesionalismo y voluntad política con que se abordan las políticas en materia de juventud en los diferentes niveles de gobierno, difícilmente deviene en espacios destinados al reconocimiento de la diversidad de la población juvenil y de sus múltiples formas de participación social.”
Con información de medios.