La Procuraduría General de la República (PGR) no puede inventar culpables, ni tiene una varita mágica para resolver casos, expresó su titular, Jesús Murillo Karam, al comparecer ante comisiones de diputados.
Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue cuestionado por diputados y respondió sobre temas como el enfrentamiento militar en Tlatlaya, el asesinato del diputado Gómez Michel, la empresa Oceanografía, el arraigo y la seguridad en el país.
El funcionario compareció ante comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de la Especial sobre contratos de Pemex, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo federal.
Afirmó que el tema del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, donde se reportó un reciente enfrentamiento y un testigo dice que fue una ejecución, es un asunto sumamente complejo, “donde nuestra obligación es encontrar la verdad, se cual sea”.
El procurador se comprometió con los legisladores a realizar una investigación exhaustiva, pero aseguró que necesita tiempo suficiente para hacer múltiples peritajes.
A pregunta expresa sobre si existe más o menos inseguridad con la actual administración federal, Murillo Karam afirmó que ahora no se vive la misma situación en Michoacán, Nuevo León o La Laguna, que hace un año, “y es algo que la misma ciudadanía lo puede decir”.
Al ser cuestionado sobre la investigación que se realizará por el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel (PRI), comentó que ya solicitó la atracción, en virtud de que es un asunto “claramente federal”, porque hay hechos delictivos en dos entidades, Jalisco y Zacatecas, y la víctima era un diputado federal.
“Es indudablemente, un asunto doloroso, los antecedentes que tengo del diputado es de una gente intachable, nos impacta fuertemente, es un hecho que no puede repetirse y es obligación nuestra resolverlo, ojala tenga la capacidad para resolverlo”, dijo.
Sobre el tema de la empresa Oceanografía, vinculada a Pemex, y que enfrenta un proceso por lavado de dinero y presunto fraude, el funcionario federal explicó que el delito no se considera grave, ya que éste se dio entre particulares, ya que está involucrado Banamex.
“Oceanografía es un asunto entre particulares, por eso no es grave, es un asunto en el que el daño se pagó, yo no sé si este señor estuvo en el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), no tengo la menor idea, lo que sí sé es que no es dueño de Oceanografía, porque lo primero que se hizo fue quitársela para evitar que pasara lo de Mexicana (de Aviación)”, dijo.
Con ello explicó, se evitó que 11 mil trabajadores y sus familias se quedarán “en la calle” y se contaminará la Caja Libertad, de la que era socio y en donde están registrados un millón 200 mil ahorradores de pocos recursos.
Puntualizó que no existe fraude al estar de acuerdo ambas partes. “Lo que hay es un movimiento delictivo, en donde se usa el dinero de un crédito, para otra cosa, y está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez, no es grave”, sentenció.
Al hablar sobre el arraigo en México, comentó que es una medida precautoria y se usa en todo el mundo, “es el mismo caso de la prisión preventiva, porque no se ha encontrado otra figura para sustituirlo. El arraigo afecta derechos y afecta la presunción de inocencia, pero es preferible como medida precautoria”, sostuvo.
Afirmó que esa figura ha disminuido en forma importante, ya que en 2012 hubo mil 641 arraigos, en 2013, 626 y en el 2014 sólo 218.
En torno a Michoacán, reconoció que en esa entidad “estaba de alguna manera roto el Estado de derecho”.
“¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos. No había autoridad. Hoy hay un gobernador que ya medio funciona y no por culpa de él sino por las circunstancias que tiene”, expresó.
Hoy, enfatizó, hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando, “se habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando, ya se está aplicando el Estado de derecho”.