Layda Sansores San Román, senadora del PT, pidió un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de los titulares de la PGR y CNS, para dar cuenta de las detenciones “arbitrarias” que se han realizado durante diversas manifestaciones.
Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam, titular de la PGR y Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad (CNS), deben comparecer para dar cuenta de las detenciones “arbitrarias” que se han realizado en la Ciudad de México durante las manifestaciones del pasado 20 de noviembre y las subsecuentes, demandaron senadores.
En un punto de acuerdo, Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, recordó la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desde el pasado 26 de septiembre, se han realizado marchas en diversas partes del país donde se documentado detenciones arbitrarias por parte de los elementos de seguridad.
Recordó que, durante la manifestación del pasado 20 de noviembre, en la Ciudad de México, 11 personas fueron privadas de su libertad y, a decir de los detenidos, fueron golpeados y amenazados durante su traslado a la SEIDO donde rindieron su declaración, para ser trasladados posteriormente a penales de máxima seguridad.
Sin embargo, un juez de distrito determinó que las acusaciones, formuladas por elementos de la Policía Federal y la PGR contra los 11 detenidos, resultan inverosímiles y no se ajustan a las reglas de la lógica básica.
En ese contexto, Sansores San Román denunció que los teléfonos celulares de los detenidos fueron rastreados y sus cuentas de redes sociales revisadas, sin encontrar elemento alguno que los inculpara de la comisión de un delito.
La legisladora del PT recordó además, el caso de Sandino Bucio Dovalí, detenido por elementos de la Policía Federal el pasado 28 de noviembre, a quien le fue imputada la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en actividades de corte vandálico.
Explicó que Bucio Dovalí fue interceptado en las inmediaciones de la estación del metro Copilco y subido con violencia a un vehículo por policías vestidos de civil. Según sus declaraciones, lo amenazaron y golpearon durante el traslado a las instalaciones de la SEIDO. Posteriormente fue puesto en libertad.
La legisladora consideró que éstas constituyen actuaciones arbitrarias de la autoridad, por lo que impulsó el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.