Legisladores del PRD condenan las acciones de Moreno Valle, quien fue su candidato de coalición junto con el PAN en Puebla.
Ciudad de México (elsemanario.com).- En comunicado de prensa, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se manifestaron en contra de la criminalización de la protesta y de la represión ejercida por el gobierno de Rafael Moreno Valle. Ante todo el historial de actos de violencia ejercidos por las fuerzas armadas poblanas, los perredistas especifican refiriéndose a los hechos recientes del 19 de enero en contra de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP) y de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla.
Este hecho se dio durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Puebla con motivo de la reinauguración del Hospital del Niño Poblano. Estudiantes se manifestaron en repudio a la presencia del mandatario, exigiendo la presentación con vida de los normalistas desparecidos y el cese a la represión, explican los legisladores.
Al evento acudieron los cuerpos de granaderos estatal y municipal, quienes confrontaron la manifestación, agredieron a estudiantes quienes asistían a los planteles de la UIA y arrestaron a tres estudiantes de la BUAP. En respuesta ambas universidades manifestaron su condena ante tales hechos, y exigieron que se respetaran los derechos de la ciudadanía y sus libertades.
“En nuestro carácter de servidores públicos, nos sumamos a esta exigencia y pedimos al gobierno de Rafael Moreno Valle termine con todos los actos de violencia que ejerce sobre las y los ciudadanos de Puebla, y solicitamos al gobierno federal se manifieste públicamente por los actos de represión ocurridos en el marco de la visita del presidente a la capital poblana. Firmaron el documento las diputadas Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Najera Medina, Angélica Rocío Melchor Vázquez, Joaquina Navarrete Contreras y Silvano Blanco Diaquino.
Ley Bala, una demanda sin respuesta
Los hechos se represión social recientemente acaecidos muestran que la lucha que se ha desatado a lo largo del año pasado en contra de lo que se considera la legalización del ejercicio indiscriminado de la violencia. El tema de la Ley Bala acaparó el escenario mediático cuando en una manifestación elementos policiales inflingieron una herida mortal al niño José Luis Tehuatlie Tamayo quien asistía con su familia a una manifestación.
Desde el mes de abril distintas agrupaciones civiles, académicos, activistas y campesinos solicitaron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la represión ejercida contra quienes se oponían a la construcción del Gasoducto Morelos, que terminó con la detención de tres activistas.
Sin embargo, la visita de representantes de Ban Ki Moon no pudo revertir la política de Moreno Valle en contra de las manifestaciones sociales.
En diciembre, se volvió a solicitar a la ONU su apoyo para combatir la política de violencia contra los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos activistas solicitaron al asesor jurídico del comisionado de Naciones Unidas, Alan García, su ayuda para conseguir la liberación de los presos políticos. Ante ello García declaró “Nosotros desde Naciones Unidas reivindicamos que México tiene futuro y tiene futuro porque la gente ha despertado en este año en el que se ultrajó la conciencia nacional, es indispensable que los pueblos se liberen del temor y de la miseria, desde Naciones Unidas seguiremos acompañando la esperanza”.
Moreno Valle se justifica
Durante su informe de gobierno el gobernador poblano hizo lo suyo para mostrar la postura de su gobierno sobre estos acontecimientos.
“En julio, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, un grupo transgredió la ley y alteró la tranquilidad pública al bloquear la carretera Puebla–Atlixco; afectando derechos de terceros, la obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social”, declaró en su informe. “Lamentamos las dolorosas consecuencias de estos hechos; sin embargo, el gobierno del estado siempre actuará con apego a la ley, tal como lo exige la sociedad, para preservar la concordia y la tranquilidad”, continuó.
Mientras, las demandas de los activistas en contra de una ley que legaliza el uso indiscriminado de la violencia permanecen sin tener efecto en la administración de Moreno Valle.
Con información de PRD y medios.