Entre 2005 y diciembre de 2017 fueron asesinados 89 periodistas en México y en 2018, hasta septiembre, habían sido privados de la vida 11 comunicadores. Los desaparecidos suman 20 y cientos más han sido víctimas de una violencia multidimensional que va del secuestro y amenazas a agresiones físicas y la criminalización del rol de los comunicadores. Por orden, los perpetradores son autoridades, personajes políticos, fuerzas públicas de seguridad, redes criminales y “grupos de interés”, revela el Informe 2018 Libertad de Expresión. Avances y Tareas Pendientes del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
¿Por qué atacar a los mensajeros si la democracia descansa en su labor? Es paradójico que en la Era de la Información México sea uno de los países más mortíferos para periodistas y defensores de derechos humanos. En ese contexto es una falacia hablar de plena democracia, independencia política y real visión geopolítica hacia la multipolaridad. El panorama empeora en el contexto de severa crisis de seguridad pública por la que atraviesa la nación desde años, destaca el Informe.
La cifra de homicidio entre informadores mexicanos rebasa la de Irak, Afganistán, Siria, Somalia o Colombia, detalla el estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos sobre muertes violentas en el mundo. Aquí hubo más de 23 mil muertos en 2016, un promedio de 63 homicidios diarios, citaba en julio el portal Enlace Judío.
La impunidad es casi total. Desde 2010 sólo en 0.4 por ciento de casos se ha ejercido acción penal contra los presuntos responsables de agresiones contra periodistas. En 2017 del total de averiguaciones previas en trámite, 140 menos, 127 permanecieron en rezago. Lo mismo sucede en años anteriores.
Casede describe que a las crecientes agresiones se suma la lentitud en su investigación y castigo. Entre 2012 y 2018 se registraron 1,986 eventos contra los comunicadores. Es decir, son intimidados cotidianamente censurados y corren riesgos por realizar su trabajo.
Es significativo el dato sobre percepción de riesgo de los periodistas y defensores de derechos humanos. Con base en un cuestionario ad hoc, se encuentra que, a lo largo de su carrera, 82 por ciento han sido intimidados; 77 por ciento ha sufrido varios tipos de acoso, 65 por ciento recibió amenazas; 34 por ciento soportó violencia física y 29 por ciento fue privado ilegalmente de su libertad.
En cuanto a percepción de amenaza, 90.4 por ciento de periodistas consideran que están en mayor riesgo que el resto de la población. Informar y morir, sería un binomio letal en México. Tal premisa confirmaría que la democracia y el respeto a los derechos humanos son una falacia, pues la sociedad sin acceso a la información está condenada a decidir en cuestiones políticas, económicas y sociales en cuasi ignorancia.
Además, la labor de los periodistas se coacciona con la censura. Los temas más censurados son: 73.1 por ciento relacionados con asuntos gubernamentales, actores políticos o servidores públicos; siguen con 65.4 por ciento las acciones del crimen organizado y un 60.6 por ciento la información relacionada con actores privados. Es tan alarmante la situación que, además de Casede, acompañan la difusión de este estudio: la Agencia de Estados Unidos de Ayuda al Desarrollo (USAID), la Universidad de las Américas Puebla, el Seminario sobre Violencia y Paz (del Colegio de México) y la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
El summum de la censura sofisticada es el acoso judicial. La estrategia de la parte demandante es criminalizar el trabajo del periodista. De las demandas por daño moral se escala a otras tácticas de represalias contra el periodista o su medio (indemnizaciones económicas, exigencias para desmentir su dicho, etc.).
El diagnóstico “Soy Periodista, no criminal” del Centro de Investigación y Capacitación (CIC) Propuesta Cívica (elaborado con la Fundación Mac Arthur) subraya el caso de Claudia y Teresa, acusadas de compra de votos sólo porque grabaron las agresiones contra mujeres de un partido opositor, por la policía municipal. Otro comunicador víctima de acoso judicial expresa: “Nos sentimos temerosos, te paraliza el miedo, no sabes cómo reaccionar, no sabes quién o quiénes están detrás”.
El Informe reconoce que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha traducido en mayor coordinación con autoridades estatales. En cuanto a la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), si bien reconoce que el Ejecutivo Federal ha instruido para dotar de más personas y mejor capacitación a los Ministerios Públicos, policías y periciales, además de fortalecer la coordinación con autoridades locales y federales, recomienda mayor presupuesto.
Sin embargo, quedan “Tareas Pendientes”. Una es que todas las instituciones involucradas condenen públicamente los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, se deben fortalecer capacidades y recursos en la Protección de periodistas.
La libertad de expresión es tema estratégico, no privilegio. “Históricamente las clases dominantes se han empeñado en controlar la información, con una libertad de expresión que no cuestione las estructuras de dominio económico-político. En esa apariencia de libertad la información se controla, maneja y dirige”, sintetiza el analista Augusto Zamora en Política y Geopolítica para Rebeldes, Irreverentes y Escépticos.
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