A pesar de anunciar reducción de gasto público, partidos continuarán intocables con presupuesto de 5.300 mdp.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El anuncio que hizo ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, sobre su intención de reducir el gasto público no tendrá efecto sobre el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos. En octubre de 2014 se anunció que, ante el tamaño de las elecciones esperadas para este año, el INE tendrá un presupuesto de más de 5 mil mdp; en los comicios anteriores de 2009 se destinó la cantidad de 3.600 mdp. La cantidad destinada para 2015 será repartida equitativamente entre los partidos. El día de hoy, el diario Reforma aseguró que el PRI tendría una partida equivalente al 25 por ciento de lo asignado a los partidos por el INE.
En el anteproyecto de la dependencia presidida por Lorenzo Córdova Vianello había solicitado un total de 7 800 mdp originalmente.
En diciembre la Cámara de Senadores discutió para fijar el tope de gasto en las campañas del 2015, el cual había sido propuesto de un millón doscientos mil pesos para las diputaciones federales. A la par el INE estableció que un gasto mayor del 5% a ese monto será castigado con la anulación de las elecciones por derecho constitucional; afirmo que esta medida consistía en la mayor sanción posible en un régimen democrático, puesto que anula la voluntad de los electores por un “descuido” en la administración de los partidos.
Videgaray anunció la posibilidad de reducir el gasto público, pero no una política de austeridad
Durante la presentación del Estudio Económico de México realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el titular de la SHCP aseguró que “Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero a la política fiscal donde la decisión clara del presidente de la República es que ante cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos, habrá de acomodarse reduciendo el gasto público”. Ante la caída en los precios del petróleo, cambios en la política monetaria de EU esto es parte de las medidas necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica. Estas condiciones generarán una reducción en el ingreso público, y me consecuencia el gasto público tendrá que ser ajustado.
Estas palabras sugieren que no habrá un ajuste en la proporción del gasto, sólo se dará una reducción proporcional de acuerdo a los cambios que se den en el ingreso público para el presente año.
“La decisión clara del presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público”, manifestó Videgaray.
Por lo tanto, esto no comprenderá una política de austeridad que buscará la reducción en las prácticas de gasto excesivo en las instituciones. Como lo sería el caso de los presupuestos asignados a los partidos políticos para las campañas electorales. Si bien, este año el presupuesto ya fue asignado, y cuyo aumento ha sido justificado por el aumento de cargos que se disputarán y por el incremento en el padrón electoral.
¿Boicot electoral podrá servir para exigir un aumento en el presupuesto?
Ante las condiciones en los estados de Guerrero, en que grupos de maestros de la CETEG y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que exigen la cancelación de las elecciones, y de Michoacán ante el resurgimiento de grupos armados y enfrentamientos con las fuerzas públicas, el INE ha insistido en la obligación de que se lleven a cabo los comicios. En Guerrero, a lo largo de los últimos meses, se han dado actos de clausura en módulos de atención y oficinas de los institutos electorales de nivel federal y estatal, ocasionando el destrozo de material destinado a las elecciones. En Michoacán se han reportado oposiciones ante funcionarios del INE, con lo que se retrasan o imposibilitan sus labores.
Aunque Córdova y otros funcionarios del instituto han declarado constantemente su intención de que estos problemas se resuelvan pacíficamente y que el uso de la fuerza pública sea la última opción. ¿Esto podría genera la excusa para solicitar mayor presupuesto del erario público para compensar los daños y el tiempo perdido?