En el marco de nuevos compromisos presidenciales de resolver el conflicto de interés en torno a la Casa Blanca, el SAT se niega a confirmar la veracidad de lo informado por Angélica Rivera.
Ciudad de México (elsemanario.com).- A mediados de diciembre, el abogado especialista en derecho fiscal y constitucional Luis Manuel Pérez de Acha y el director de la organización Artículo 19, Darío Manuel Ramírez Salazar, solicitaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que confirmaran la veracidad del informe presentado por la primera dama Angélica Rivera a través de su página oficial de internet sobre la Casa Blanca. El día de ayer fue hecha pública la respuesta a este recurso. Respondió que es incompetente para determinar si lo informado es verdadero, se asegura que a esta dependencia no le compete dar respuesta a la solicitud. “…tendiendo el cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico a esta autoridad, no se encuentra la de resolver lo planteado por ustedes…esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes”, reza la respuesta del SAT.
Por su parte, Pérez de Acha informó que él y su compañero están sorprendidos por esta respuesta, siendo esta dependencia la única con la información necesaria para desmentir o confirmar lo dicho por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. El abogado afirma que existen dos posibles razones, ninguna de las dos resulta ser favorable ni a Rivera ni al SAT. “Esta contestación pude interpretarse de dos formas: no valida la información porque no la tiene, es decir, lo expuesto por la señora Rivera no se documentó ante Hacienda, o bien, no existe disposición a transparentar información de interés público”.
Aparte de este problema con la respuesta, ésta fue firmada por un funcionaria a quien originalmente la solicitud no fue dirigida. La petición presentada fue remitida explícitamente al titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, pero la negativa fue firmada por María Yolanda Mata Vallado, administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos. Esto marca una violación constitucional, puesto que el primero debió de emitir la respuesta, y no otra persona.
El especialista en derecho constitucional afirmó que la negativa por incompetencia no es suficiente para dejar la solicitud insatisfecha sobre la Casa Blanca. En este caso el SAT tiene la obligación de remitir la petición a la autoridad competente, por lo cual la actuación de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no actuó con apego a la ley.
“Necesitamos efectividad en el combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte; insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble, como un asunto de transparencia y legalidad en torno a la familia presidencial y a funcionarios del gobierno federal”, declaró Pérez de Acha asegurando que iniciarán un juicio de amparo para obtener una respuesta satisfactoria.
La pretensión de que este caso sea resuelto por la Función Pública no sirve para esclarecer las sospechas de conflicto de interés. La imparcialidad que implica la designación del responsable de la investigación por uno de los inculpados, respaldan que el conflicto sigue abierto: “existen fundadas sospechas de estar frente a un conflicto de interés que ahora se pretende esclarecer mediante una institución como la Función Pública, que al formar parte del propio Poder Ejecutivo, no se percibe que cuente con la imparcialidad necesaria para investigar al Presidente que es quien le asigna esta encomienda, ni al Secretario de Hacienda que presupuesta los recursos con los que desempeña sus funciones”.
La falta de apoyo a las palabras de Angélica Rivera no sólo pone en entredicho la legalidad del SAT y las afirmaciones de la Gaviota, sino todo el compromiso de Peña Nieto por esclarecer los temas de conflictos de interés en su gabinete se ven nublados ante esta falta de transparencia por parte de su gobierno. ¿Virgilio Andrade dará respuesta a esta demanda?
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