Gustavo Rodríguez González estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años, además deberá pagar una sanción económica de más de 210 millones 493 mil pesos.
Ya hay sancionados por los supuestos desvíos detectados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Este miércoles, Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación de la dependencia, confirmó que fue destituido como vocero de Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Me estoy separando del cargo de Director General de la Sedatu. Lo hago para iniciar mi defensa ante las instancias correspondientes al estar plenamente convencido de que el Órgano Interno de Control no agotó el principio de exhaustividad”, precisó Rodríguez González.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó a González por un posible daño patrimonial durante su gestión como director de Comunicación Social en Sedesol, luego de que, afirma la SFP, autorizara pagos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información -entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.
Rodríguez González estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años, además deberá pagar una sanción económica de más de 210 millones 493 mil pesos. Se trata también del primer funcionario sancionado por los presuntos desvíos de recurso realizado en Sedatu y Sedesol.
Cabe destacar que, de acuerdo con el expediente de la Función Pública, los hechos por los que Rodríguez fue inhabilitado ocurrieron en el año 2015, cuando como funcionario tenía la responsabilidad de “supervisar y vigilar” los servicios establecidos en el convenio con el organismo público descentralizado de RTH.
Estos servicios consistían en la elaboración de materiales audiovisuales y gráficos de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Rodríguez, destaca la investigación, habría autorizado los pagos referidos sin contar con documentación que avalara el cumplimiento de dichos servicios.
Tras ser inhabilitado, el ahora exfuncionario aseguró que las acusaciones en su contra no tienen sustento pues él presentó las pruebas correspondientes que demuestran que el programa existió y se brindaron los servicios.