En el Senado se analiza la creación de una iniciativa de ley de Seguridad Interior que dote de certidumbre legal al ejército, al participar en labores de seguridad pública, este tema probablemente tome fuerza a raíz de acontecimientos en el mundo como el terrorismo, el crimen organizado y la migración, estos últimos aquejan al país.
Ciudad de México (elsemanario.com).- En el Senado de la República se trabaja en la propuesta de una reforma al marco legal referente al actuar de las fuerzas armadas en el país, es decir, se analiza elaborar una Ley de Seguridad Interior y al mismo tiempo modificar la Ley de Seguridad Nacional, ya existente.
En cuanto a la iniciativa de Ley de Seguridad Interna, podemos considerar los factores externos como detonante para que esta propuesta tome fuerza en la próxima legislatura. Los ataques terroristas que han puesto en jaque a naciones como Francia, las migraciones ilegales en el mediterráneo y el crimen organizado (estos dos últimos muy presentes en México), son algunos de ellos.
A decir del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Yunes Márquez –principal promotor de la reforma– es imperante la necesidad de dar certidumbre a las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública que realiza desde hace casi diez años en estados y municipios.
El legislador sostiene que tanto el Ejército como la Armada, no han tenido un marco jurídico apropiado para cuidar hasta dónde puede llegar su actuación, por lo que sus facultades deben estar reguladas.
De acuerdo con Yunez (también presidente de la Comisión de Defensa Nacional), será en el periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre cuando se presente la iniciativa.
Está claro que pasadas las elecciones, es tarea de los actores políticos establecer prioridades en las agendas legislativas, entre ellas sin duda, estarán las de índole económico y educación, temas que hoy se debaten constantemente por las condiciones del país, pero también lo es la inseguridad, un factor clave desde hace ya varios años.
Es plausible querer dotar de certeza jurídica a las fuerzas armadas, pero también es imperante la necesidad que se incluyan alcances o limitaciones de sus facultades y, sobre todo, sanciones además de penas a posibles faltas. Recordemos que efectivos militares se han visto involucrados en situaciones polémicas que ponen en entredicho su proceder.
Casos como el de Tlatlaya (30 de junio cumplió un año) donde 22 personas perdieron la vida, once de las cuales fueron presuntamente asesinadas por militares, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No olvidemos lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014, cuando se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la que se denuncia que el Ejército supo del ataque pero no hizo nada.
Y tampoco podemos dejar fuera las denuncias que han ocurrido contra efectivos castrenses en las que se les acusa de hacer uso excesivo de la fuerza en detenciones contra civiles, incluso se han denunciado violaciones contra mujeres en varios estados del país.
Todas estas acciones fuera de la ley, sean confirmadas o no, deben ser incluidas en este nuevo marco que se estudia para asentar las bases de penas y sanciones a las que se harán acreedores los miembros de las fuerzas armadas que incurran en la ilegalidad.
Por I. Nava.