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La crisis argentina: segunda caída en 12 años


viernes 1 de agosto de 2014

Diversas calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y Fitch Ratings han considerado a Argentina en Default Selectivo y Default Parcial, respectivamente, a pesar de que la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, señalara que se ha hecho el pago correspondiente.

Tras haber pagado el 26 de junio del año en curso los vencimientos por un monto de más de 500 millones de dólares, se han congelado los depósitos hasta llegar a un acuerdo de pago con los fondos buitre.

La fecha llegó, y fue el 30 de julio el día en el cual se venció el plazo para hacer efectivo un deposito por la cantidad mencionada y que Argentina pagó a los bonistas regularizados. El cobro no se dio y se cayó en una situación de impago.

En base al contrato signado con el Bank of New York Mellon, en su artículo cuarto, se subraya que hay default cuando no hay pago, y en su artículo segundo, se detalla que la obligación de Argentina a hacer los pagos del capital y los intereses en bonos, no será satisfecha hasta que el pago sea recibido por los tenedores de bonos.

En días pasados la institución bancaria envió un comunicado en el cual anuncia que no se pagará por orden del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, ya que no se han atendido los pagos a los fondos buitre, y de no pagarse, se podría caer en una serie de sanciones.

¿Qué son y cómo operan en Argentina?

De acuerdo a la presidenta Kirchner, son fondos que sobrevuelan países endeudados y son entidades depredadoras, pero en una definición más neutral, son empresas de capital de riesgo o de inversión libre, que deciden invertir en la deuda pública de algún país que este en situación de banca rota.

En la nación operan los fondos Aurelius Capital y Elliot Managment, y Argentina se ha negado a pagar por la negativa de reestructura de deuda y supone la posible demanda de pago por el 8% que no está sujeto al plan de canje, lo que supone una suma por 15 mil millones de dólares.

De acatar el fallo del juez Griesa, se arriesgaría un acuerdo con el 92% de los acreedores que aceptaron el canje de deuda en 2005 y 2010, por lo que podrían iniciarse una serie de demandas que alcanzarían los 100 mil millones de dólares.

Medidas de protección

Argentina recomienda que los litigantes suscriban un seguro financiero ante una eventual presentación de demandas de parte de los bonistas en caso de no respetar el acuerdo pactado.

El International Swaps and Derivatives Association (ISDA) es el organismo encargado de determinar la activación de seguros en contra de los defaults, denominados “Credit Default Swaps” o CDS, y fue el Banco Suizo UBS quien ha solicitado una decisión sobre el caso argentino.

El precio de CDS para aseguramiento en contra del default argentino es el más caro del mundo.

En caso de autorizar los seguros, los dos mil 652 tenedores de contratos en el mercado, cobrarían mil millones de dólares. Señala Bloomberg que para asegurar 10 millones de dólares en la deuda argentina a cinco años, hay que pagar 4.2 millones de dólares como anticipo y 500 mil dólares al año.

Futuro argentino

arg

El mercado mundial se cerraría para la nación sudamericana, resultado de la incertidumbre económica, las empresas no tendrían confianza para invertir y el conseguir divisas extranjeras y colocar mayores en el mercado doméstico provocaría un debilitamiento del mercado cambiario, el cual ha estado restringido desde 2011.

En el sector microeconómico, las consecuencias se percibirían en las importaciones, ya que al ser objeto de negativas por ingreso de divisas ante un panorama incierto, las exportaciones serían el único medio para la captación, lo que impactaría en la llegada de productos del exterior.

El crédito internacional se disminuiría a niveles extremos, lo que resultará en menor ingreso a provincias, implicando en menores empleos y una brecha entre el dólar y el peso, se generaría una devaluación y la inflación crecería, actualmente se ubica en 19%.

Sobre las precauciones, Argentina ha dispuesto una modificación del Presupuesto para reasignar partidas por un monto de 200 mil millones de pesos para los ministerios del Transporte, Planificación, Economía y Desarrollo Social.

Los recursos se destinarán a diversas áreas como subsidios para aerolíneas argentinas y empresas de autotransporte; desembolso a petroleras en materia de provisión de combustible; el sector infraestructura de transporte; una red de gasoductos; y telecomunicaciones.

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