En mayo de este año, la Audiencia Provincial de Stuggart abrió un proceso legal en contra de seis exempleados de Heckler & Koch, acusados de exportar ilegalmente armas a México.
Mientras en México las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa no ven resolución alguna, el gobierno alemán ya ha enjuiciado a los directores de Heckler and Koch (H&K), la mayor productora de armas de infantería en el mundo, por vender de manera ilegal armas que terminaron en Guerrero y que, se presume, acabaron con la vida de los estudiantes.
Los rumores sobre posibles consecuencias penales para la productora de armas llevaban varios años en el aire. Una investigación del periodista Humberto Padgett, reveló hace ocho años que armas de la empresa fueron utilizadas durante la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Padgett mostró en su reportaje las armas que han sido exportadas ilegalmente a México y que están relacionadas con cientos de ejecuciones, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y detenciones ilegales durante las últimos cuatro décadas.
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En mayo de este año, tras una investigación de casi ocho años, la Audiencia Provincial de Stuggart (al sur de Alemania) abrió un proceso legal en contra de seis exempleados de Heckler & Koch, acusados de exportar ilegalmente armas a México.
Las autoridades alemanas señalan que los acusados habrían vendido 4 mil 500 fusiles, ametralladoras y munición con valor de 4.1 millones de euros en zonas de México con profundas problemáticas de violencia como Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero; todo en el periodo que comprende de 2006 a 2009.
Por su parte, los acusados han rechazado todos los cargos y aseguran que la venta de dichas armas en las zonas mencionadas en la demanda fue realizada por las autoridades de México.
En México se destruye evidencia
Mientras que Alemania investiga la venta ilegal de armas en México, el gobierno y las autoridades mexicanas no han logrado avances significativos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde 2014.
De acuerdo con Animal Político, tras los ataques que se perpetraron en contra de varios autobuses en los que viajaban los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, policías y civiles agresores “limpiaron” la escena, retirando todos los casquillos que se encontraban en el suelo.
La Fiscalía de Guerrero tampoco realizó ninguna acción para preservar las evidencias en la zona, pero con todo se pudo comprobar que los uniformados usaron, entre otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes Heckler & Coch e incluso, se logró rescatar casquillos de al menos tres de estas ametralladoras.
Estos hallazgos fueron uno de los puntos nodales en la investigación contra la fabricante alemana. Desde 2010, el gobierno de su país le prohibió vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la profunda violencia que se vivía en estas comunidades.
Según señalan expertos en el tema, el gobierno alemán está cerca de condenar a exempleados de Heckler & Coch, pero en México, las investigaciones sobre los estudiantes normalistas siguen siendo cuestionadas por organismos internacionales.
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