Para una trabajadora doméstica, que no tiene acceso a prestaciones de ley ni tampoco a créditos financieros que le permitan hacerse de una casa propia, pareciera que su destino es tener que vivir gran parte de su vida en espacios rentados o prestados, una situación que vulnera su bienestar físico, emocional y económico, por lo que las autoridades buscan medidas para poder ayudar a este tipo de personas que carecen de seguridad social.
Ciudad de México.- Todo parece indicar que en la actualidad, existen muchas manera para poder acceder a algún crédito para comprar una vivienda, sin embargo, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), existen al menos 8.5 millones de personas que no tienen ningún tipo de posibilidades de poder comprar una casa propia, debido a que no cuentan ni con seguridad social ni califican para créditos bancarios.
Más allá de la importancia de crear las condiciones necesarias para garantizar a estas personas el acceso a un bienestar patrimonial que brinde protección a su entorno familiar, esto también representa en muchos sentidos colaborar para mejorar la calidad de vida y generar condiciones de igualdad para todos los sectores de la sociedad.
Según la Sedatu, ya trabajan en un modelo que permita a estos 8.5 millones de personas acceder a programas financieros para hacerse de un patrimonio y tal como lo señaló Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta dependencia, este es su objetivo primordial.
“El nuevo modelo de la política de vivienda ha permitido promover un desarrollo sustentable, además de contribuir a disminuir el rezago habitacional al procurar soluciones de vivienda digna, bien ubicada y con accesos a servicios e infraestructura”, dijo, al tiempo que pidió a organismos de vivienda e instituciones financieras crear modelos accesibles para estas personas “que demandan vivienda y no tienen acceso a los canales financieros tradicionales”, según informó Notimex.
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Un modelo que permita el desarrollo integral de las personas
Pero según el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), en realidad esta cifra de personas que no tienen acceso a seguridad social se eleva a 43 por ciento de los mexicanos, lo que genera que en la mayoría de los casos no puedan tener acceso a una vivienda digna que permita el desarrollo integral de las familias.
Ángel Islava Tamayo, director general de Fonhapo, aseguró en su momento que “es un desafío atender a la población no afiliada”, por lo que buscan crear nuevas formas de financiamiento a bajas tasas de interés que se adapten a sus posibilidades de pago.
Y propuso que una vivienda popular que garantice un modelo de desarrollo integral debe contar con dos recámaras en un espacio de al menos 45 metros cuadrados y “techo de losa, cocina, baño, área de usos múltiples, aplanados, instalaciones sanitarias y eléctricas, con un costo promedio de 110 mil pesos”.
Esto tiene una repercusión mucho más profunda que va más allá de solo la parte material, ya que según la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la falta de una vivienda digna afecta la salud emocional de las personas.
Según este documento, se presenta una valoración negativa de “aspectos relacionados con la salud emocional de las personas como la existencia, frecuencia e intensidad de sentimientos de preocupación o nerviosismo, depresión o dolor”, de ahí la importancia de que la mayoría de la población puede tener acceso a una vivienda digna.