Es un despropósito que la contraloría del Estado, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y corrupción está al servicio del titular de la máxima magistratura, figura a la que le responden también las dependencias encargadas de direccionar y ejercer los presupuestos federales -donde se corre el mayor riesgo de incurrir en prácticas de desfalco al erario público. Esto representa un claro conflicto de intereses, siendo que la administración pública federal se erige como juez y parte.

Nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor del Estado sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo. Que una posición tan importante para el probo funcionamiento de la administración pública, fundamental para elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, sea ejercida por un empleado del Presidente, representa un sin sentido y atenta contra el principio de vigilancia y transparencia.

El nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública por parte del Presidente de la República alienta la opacidad y pervierte la función primigenia de un órgano que, en teoría, debería fungir como censor de toda práctica ilegal en la administración pública. En cambio vemos que esta instancia se convierte en encubridor de las tropelías propias de un aparato burocrático ajeno al escrutinio ciudadano.

Ciudadanizar la contraloría del Estado, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar, resulta hoy impostergable. Países como Venezuela ya cuentan con Contraloría Autónoma (Contraloría General de la Republica). Esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan Poder Ciudadano.

Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería encargarse de coordinar todo el sistema de control y evaluación gubernamental, siendo responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos. De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad en los procesos de responsabilidad administrativa que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.

Un punto más a destacar es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podrá iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.