Con la “Cédula de identificación de riesgos de salud”, el gobierno capitalino ha tratado de atender los casos de violencia en personas adultas mayores.
Ciudad de México.- En los casi cuatro años que lleva de operar la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar ha atendido a diez mil 513 personas, de las cuales dos mil 295 interpusieron una denuncia en este lugar.
Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México -Sedeso DF-), dijo que el 80% de los casos han sido resueltos a favor de los adultos mayores y que esta Agencia es resultado de un trabajo realizado en conjunto con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
A decir de Rodríguez, este sector de la población enfrenta una serie de desigualdades que acentúan su vulnerabilidad y afectan su calidad de vida, lo que aunado a una imagen social negativa, ha traído como consecuencia el abuso y maltrato.
Ante la necesidad de comenzar a profundizar en la situación de violencia en las personas adultas mayores en 2003, comentó que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud incluyeron en la “Cédula de identificación de riesgos de salud” de los derechohabientes de la Pensión Alimentaria dos preguntas básicas:
¿Alguna persona cercana o familiar lo trata mal, es grosera o le hace sentirse mal? Y ¿Alguna persona lo maltrata físicamente? Estos cuestionamientos y sus resultados en su momento fueron citados en varios estudios, debido a que eran las únicas hechas específicamente para personas adultas mayores.
Rocío Bárcena (directora general del IAAM) explicó que el interés asociado al poco conocimiento que se tenía en el tema del maltrato a personas adultas mayores motivó a que se buscaran estrategias y herramientas para poder atender esta situación, es así como a principios de 2005 se conformó el “Grupo Interinstitucional de Prevención, Detección y Atención de la Violencia contra las Personas Adultas Mayores”, cuyos participantes eran representantes de diferentes dependencias de Gobierno, delegaciones y asociaciones civiles.
Con estos antecedentes, en febrero de 2006 las instancias del Gobierno del Distrito Federal llevaron un esfuerzo coordinado con la entonces secretaria técnica del Gabinete de Gobierno y Seguridad, responsable del programa de Parques, Jardines y Centros Comerciales, Rosa Icela Rodríguez, creando el programa “Redes solidarias de protección al adulto mayor”, el cual confirmó que el compromiso comunitario tiene un gran potencial en la protección de los sectores más vulnerables de la población.
Para el año 2008, en la “Encuesta Anual de Percepción”, realizada por el IAAM, el 5.5 por ciento de las personas reportaron que en el lugar que habitan sufren algún tipo de violencia, ya sea física, patrimonial y/o psicoemocional, siendo las mujeres quienes más la padecen con el 5.81 por ciento y 4.78 por ciento en el caso de los hombres.
Para el 2009 se retoma el trabajo del “Grupo Interinstitucional de Prevención, Detección y Atención de la Violencia contra las Personas Adultas Mayores”, logrando un diagnóstico de servicios para personas mayores por institución y con la finalidad de estructurar y formalizar esta estrategia; a finales de ese año, se crea el Programa de Prevención y Derechos Humanos de la PGJDF.
La definición de violencia hacia las personas adultas mayores, propuesta por el Consejo Nacional del Maltrato al Anciano, la refiere como: “Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas de 60 años o más, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física o psíquica”.
