Se registraron 424 agresiones en contra del ejercicio de la libertad de expresión, más del doble que las de 2012.
Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera preocupante que el número de agresiones registradas en contra del derecho a la libertad de expresión en el año 2013 se haya elevado hasta los 424, más del doble de las que se dieron en 2012, cuando se registraron 184.
Al pasado 16 de diciembre de 2013 se registraron 424 atentados en contra de la libertad de expresión, en donde se ha atacado a periodistas, medios de comunicación y personas que ejercen este derecho al publicar, documentar, manifestarse o realizar otros actos protegidos. En 2013, la entidad federativa que más agresiones registró fue el Distrito Federal con 123 contra la libertad de expresión, mientras que las entidades que le siguieron fueron Oaxaca con 50, y Veracruz con 43.
Es importante señalar que aunque el Distrito Federal es el lugar con el número más elevado de agresiones, éstas no son las más graves y generalmente se trata de ataques físicos y materiales en contextos de manifestaciones sociales en la Ciudad de México, lo cual es también de alta preocupación pues puede constituir el inicio de una política de criminalización de la protesta social y el derecho a informar, a la libre reunión y a la manifestación, situación que atiende la CDHDF de manera preventiva.
En comparación con el Distrito Federal se encuentra el caso del estado de Michoacán, donde se registran menos de diez ataques en contra de la libertad de expresión, pero incluye casos graves como el de la muerte de al menos cinco personas que ejercían su libertad de expresión al protestar por la violencia.
La CDHDF recuerda que en virtud de las obligaciones de los artículos 1º de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, las autoridades del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Esto debe traducirse en acciones positivas para garantizar que las agresiones cesen, pero también en que las autoridades no realicen acciones que en el futuro puedan lesionar la libertad de expresión, tal como resultaría de los distintos intentos de regular las manifestaciones sociales, tal como fue expuesto en la “Propuesta General 01/2013”.