Antes del viernes 15 del presente mes,  la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año. Con ello, el paquete económico 2014 quedará totalmente aprobado y dará pauta a la discusión final de la reforma energética, cuya eventual aprobación será el principal detonante del crecimiento económico de México para los próximos años.

Diputados federales de todas las bancadas intensificaron el pasado fin de semana el cabildeo para la definición del  PEF con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y los principales gobernadores del país. Todo está listo ya para que esta misma semana quede aprobado.

 Si bien el reto principal es alcanzar un gasto público eficiente y transparente, que estimule el crecimiento económico el próximo año y avance hacia un mayor énfasis social del desarrollo del país, el factótum del relanzamiento económico y social del país es la reforma energética. Sin embargo, hay presiones para posponer la discusión y eventual aprobación hasta febrero del próximo año pues senadores calderonistas buscan encarecer la aprobación de la reforma energética.

Apenas ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, resaltó la importancia de que la reforma energética sea aprobada en este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión pues “representa una oportunidad de estimular el crecimiento de la economía y contribuir en la recuperación del salario real de los trabajadores”.

Sin duda, las expectativas juegan un papel determinante en el ritmo de crecimiento, dado que si no hay un entorno de certidumbre, los incentivos para invertir se reducen y con ello la posibilidad de propiciar un mayor ritmo de crecimiento económico y bienestar para la población. Es evidente que México perdería inversiones productivas de no aprobarse ahora la reforma energética. Su aprobación es crucial para implementar la agenda de cambios estructurales en México y será determinante para elevar la competitividad del país.

De hecho, el “corazón” de la reforma energética está en buscar nuevas formas de colaboración con la iniciativa privada para lograr métodos de financiamiento en el sector energético y no en privatizar las reservas o la renta petrolera. La postura del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que el Estado mantenga la propiedad de los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional, pero también que se permitan nuevas modalidades de participación privada donde el mayor riesgo sea para el capital privado a través de contratos.

La discusión de la reforma energética está tras bambalinas. Mientras el Ejecutivo propone el esquema de contratos de riesgo compartido para que particulares inviertan en exploración y explotación de petróleo y gas, el PAN plantea que el Estado pueda otorgar concesiones a particulares para la exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos y el PRD busca mantener el monopolio del Estado en explotación de hidrocarburos y fomentar inversiones privadas y públicas en petroquímica y construcción de gasoductos.

La negociación real de la reforma energética es ahora entre el gobierno federal y el PAN, pero algunos senadores calderonistas buscan descarrilar los tiempos de la aprobación de la reforma e inclusive boicotear el Pacto por México. Olvidan que el Pacto por México es, de facto, un gobierno de coalición, donde las diferentes fuerzas políticas encontraron un espacio de negociación para dirimir sus coincidencias e impulsar las reformas que México necesita. Es un espacio legítimo y legal  para que el país salga ganando.