El IEDF aprobó un proyecto para informar a quienes benefician las entidades de gobierno.
Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó un proyecto que establece los criterios respecto a la propaganda institucional e informativa que realizan los servidores públicos.
Durante la cuarta sesión extraordinaria, el pleno del instituto consideró que la rendición de cuentas es un logro de los ciudadanos, por lo que los responsables de las políticas públicas y de la elaboración de leyes en la capital deben informar en qué, cómo, cuánto y a quiénes benefician los programas y acciones de gobierno.
En el proyecto aprobado por unanimidad por los consejeros electorales encabezados por su presidenta Diana Talavera Flores se fijan los parámetros generales que deberá observar toda la propaganda institucional e informativa que se despliegue en la capital del país. Al respecto, la consejera Diana Talavera Flores precisó que la iniciativa busca ordenar la actividad de informar que realizan gobiernos y legisladores, así como para garantizar los principios que rigen la materia electoral.
Recordó que la regulación -previa al inicio de los procesos electorales en el Distrito Federal- tiene como fundamento los artículos 120, párrafos cuarto y quinto del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 6 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Ambos artículos prohiben a los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como político administrativos, descentralizados y autónomos de la capital utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos.
De tal suerte que la propaganda que en cualquier medio de comunicación social difundan debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Ello en el entendido de que en ningún caso la propaganda podrá incluir nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o que se relacionen con un partido político.
En el proyecto se fijan los parámetros generales que deberá observar toda la propaganda institucional e informativa que se despliegue en la capital del país.
Talavera resaltó que el acuerdo se sustenta también en las atribuciones que los artículos 10 y 35 del código electoral confieren al Consejo General, para salvaguardar el cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia, en todo momento, de condiciones de equidad en la competencia electoral.
Además para vigilar que las asociaciones políticas cumplan sus obligaciones, sancionar las infracciones en materia administrativa electoral, así como emitir los acuerdos que sean necesarios para el ejercicio de las demás atribuciones previstas en la propia normativa electoral. “Considero que con la aprobación y aplicación de los criterios que hoy se someten a consideración de este órgano colegiado se busca garantizar a la ciudadanía del Distrito Federal su derecho a conocer lo que gobernantes y legisladores han logrado en su beneficio”, dijo.
Al mismo tiempo, abundó la consejera electoral, se busca evitar que con el empleo de recursos públicos los servidores públicos se promuevan con fines de posicionamiento político-electoral, de cara al siguiente proceso comicial.
Los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) ante el instituto, René Muñoz, Juan Dueñas y Rigoberto Ávila Ordóñez, respectivamente, saludaron el esfuerzo del órgano electoral, sin embargo coincidieron que es insuficiente. El priista Muñoz Vázquez opinó que el acuerdo es insuficiente y de corto alcance; “es una buena intensión pero resulta incompleto y cojo”, además recordó que el instituto no cuenta con facultades para regular los informes de los servidores públicos.
A su vez Juan Dueñas Morales, del PAN, si bien saludó el esfuerzo del IEDF, consideró que funcionaría más un acuerdo entre los actores políticos para llamar al orden y evitar se repitan este tipo de acciones en la capital. El perredista Rigoberto Ávila Ordóñez reconoció que existen “lagunas” en la ley electoral, pero dijo que el acuerdo del instituto es insuficiente.
En su turno el diputado local Juan Carlos Moguel ofreció interponer sus “buenos oficios” para que se presente una iniciativa que permita regular los artículos 134 Constitucional y 120 del Estatuto de Gobierno para hacer obligatoria la rendición de informes de los servidores públicos.
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