Miguel Ángel Mancera (jefe de gobierno del DF) presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dos iniciativas de ley para su análisis, discusión y aprobación, una de las cuales crea la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y otra, que libera al salario mínimo en su papel de referencia en códigos y leyes locales.
Ciudad de México.- El salario mínimo se ha deteriorado hasta un 75% de su poder adquisitivo, pero para incrementarlo de manera responsable sin generar inflación, ha de desvincularse antes de multas, tarifas, cuotas, becas, contribuciones, pagos, entre otros.
Tras la presentación de la propuesta de revisión al salario mínimo por parte del jefe de gobierno, la primera iniciativa tiene por objeto crear la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCDMX), cuya función inicial es sustituir al salario mínimo en la determinación de sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia previstos en las normas vigentes en el DF, así como estimar los recursos presupuestales dirigidos a la ejecución de los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
La entrada en vigor de la Ley será de 60 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de permitir la adecuación de los sistemas electrónicos, mecanismos y procesos para la aplicación de la nueva unidad de cuenta.
Su valor inicial será de 67.29 pesos -monto actual del salario mínimo vigente en la CDMX- y se actualizará con base en la inflación proyectada por el Banco de México (Banxico) para el año siguiente.
De esta manera se garantiza la estabilidad en los precios del DF al pagarse el mismo monto en multas, tarifas, contribuciones, sanciones y demás. El cambio consiste exclusivamente en liberar el concepto del salario mínimo para que en diciembre pueda iniciar una trayectoria de recuperación.
La aprobación de la segunda iniciativa es el siguiente paso: introducir el concepto de UCDMX en todos los códigos y leyes locales y en sus artículos correspondientes, con el fin de dotar a la desindización de certeza jurídica.
El análisis de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) estimó en 180 los artículos a reformar, correspondientes a cuatro códigos y 50 leyes; una vez aprobados por la ALDF, deberán modificarse 101 artículos correspondientes a otros 33 reglamentos.
Las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, entre otras, no están consideradas en la iniciativa porque sus disposiciones en materia de sanciones y multas remiten a los ordenamientos de responsabilidades administrativas.
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