Ante la posibilidad de que los empresarios presenten recursos legales contra la cancelación de la obra, Ramírez destacó que los interesados pueden acudir a los tribunales si así lo desean.
Jesús Ramírez, el próximo vocero de la presidencia de la República, afirmó que los inversionistas y contratistas no se verán afectados por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), esto después de que este domingo concluyera la consulta nacional sobre el tema.
Ayer por la noche, se dio a conocer que el destino del NAIM quedó sellado, luego de que la opción de acondicionar dos nuevas pistas en la base aérea de Santa Lucía ganará la consulta ciudadana, con 69% de las preferencias. La opción de Texcoco, ya iniciada y que cuenta con el apoyo de los empresarios mexicanos, alcanzó sólo el 29% de los apoyos en la consulta.
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Durante una entrevista para Grupo Televisa, el próximo coordinador de Comunicación de la Presidencia de la República, indicó que la cotización del tipo de cambio es normal “porque abre un periodo de incertidumbre”, pero señaló que no existe una situación de alarma por el momento.
Al ser cuestionado sobre la cancelación del NAIM, Ramírez aseguró que los inversionistas “no perderán ningún peso y al mismo tiempo vamos a tener un ahorro resolviendo un problema de saturación ”, pero enfatizó que era importante conocer el sentir de la población en torno a la construcción del nuevo aeropuerto.
Ante la posibilidad de que los empresarios presenten recursos legales contra la cancelación de la obra, Ramírez destacó que vivimos en una democracia y los interesados pueden acudir a los tribunales si así lo desean.
El vocero del nuevo gobierno también reconoció que Grupo Riobóo, considerado como uno de los inversionistas favoritos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podrá participar si así lo quiere en la licitación para el nuevo aeropuerto.
Previamente, Ramírez aseguró que los contratos que se firmaron en la obra de Texcoco estaban plagados de corrupción, la analista María Amparo Casar destacó que se trata de una contradicción, pues son los mismos inversionistas a quienes se les daría un nuevo contrato, pero ahora en Santa Lucía.