El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha abandonado el país, confirmó uno de sus abogados.
De acuerdo con el diario Reforma, la defensa del propio Duarte confirmó que el exgobernador habría abandonado el país desde el pasado mes de noviembre, según un escrito fechado el día 4 de dicho mes y que fue presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como parte del expediente 912/2016.
“El señor Javier Duarte Ochoa se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones, es cierto”, indicó en el escrito uno de los abogados de Duarte, el litigante Juan Carlos Cajigas Lozano, quien explicó que su cliente no podía comparecer ante las autoridades.
Te puede interesar: PGR recupera $421 millones malversados por Javier Duarte en Veracruz
Las autoridades mexicanas desconocen el paradero de Duarte Ochoa desde el pasado 13 de octubre, cuando pidió licencia como gobernador para hacer frente a las acusaciones en su contra por desvío de recursos y lavado de dinero a través de varias empresas fantasma.
El político fue expulsado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que se diera a conocer que enfrenta acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El gobernador interino que quedó en el cargo, Flavino Ríos, aceptó semanas después que Duarte escapó de la entidad en un helicóptero oficial.
Según rescata El Diario de Juárez, a finales de noviembre un hombre fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula con dos pasaportes falsaos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías. el juez José María García citó a Duarte a comparecer personalmente el 25 de noviembre para estampar su firma y realizar una prueba pericial de grafoscopia.
Su contraparte en el juicio argumentó que la rúbrica del ex Gobernador había sido falsificada en el escrito inicial de demanda, presentado el 5 de octubre. Debido a que Duarte nunca se presentó, el Juez consideró falsa la firma, y el 13 de diciembre desechó la demanda por daño moral que el ex Gobernador promovió contra su sucesor, Miguel Angel Yunes, y contra Grupo Reforma.
Actualmente la Procuraduría General de la República continúa con las indagatorias y ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por datos que ayuden a su detención.