Histórica resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones al declarar preponderantes a Grupo Carso y América Móvil de Carlos Slim (Telcel y Telmex) y a Televisa de Emilio Azcárraga. México avanza paulatinamente hacia una mayor competencia económica a pesar de los fuertes intereses creados y de los poderosos grupos que se resisten a perder sus privilegios, sobre todo en el sector de telecomunicaciones.
Sin duda sigue pendiente que el ejecutivo envíe al Congreso de la Unión la ley secundaria de la reforma de telecomunicaciones, que impulse de manera decidida la competencia y fortalezca la autonomía del Ifetel, pues se necesita mantener a un regulador fuerte y autónomo.
Telmex y Telcel tienen 86 por ciento de telefonía fija y 70 por ciento de telefonía celular mientras que Televisa controla el 70 por ciento del mercado de la televisión abierta, por lo cual son empresas monopólicas, fueron señaladas como preponderantes y deberán someterse a reglas especiales que permitan una mayor competencia, según la nueva reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Independientemente de que los influyentes grupos de Slim y Azcárraga puedan ampararse a las resoluciones del Ifetel; como resultado de otra reforma estructural aprobada también el año pasado, ahora las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones no pueden suspenderse, por lo que deben ser acatadas por las empresas mientras se llevan a cabo los juicios, situación que no ocurría en el pasado.
El pasado 19 de febrero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso la Ley de Competencia Económica que tiene gran relevancia para la creación de condiciones que hagan más competitiva a la economía mexicana. Nadie en el Congreso de la Unión puede oponerse a esa iniciativa que se traducirá tarde o temprano en mejores servicios de mayor calidad a menor precio.
Ahora faltan las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones (que deberá enviarse en el curso de los próximos días) y de energía. El “timing” político más adecuado es que primero se apruebe la ley de competencia económica, luego la de telecomunicaciones, más tarde la política-electoral y al final la de energía. Todas en este período ordinario de sesiones que concluye el próximo 30 de abril.
Por encima de las presiones naturales de los poderes fácticos, en este momento hay un buen ambiente político entre los principales partidos políticos y el gobierno federal para seguir los acuerdos y las negociaciones con el espíritu del Pacto por México para avanzar por encima de los intereses particulares hacia el bien común y los intereses superiores de la nación.
Incluso, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Consulta Popular que representa un nuevo paso para fortalecer el sistema democrático mexicano y aunque algunos partidos de izquierda pretendan manipular política-electoralmente la consulta para tratar de bloquear la reforma energética; seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre esa controversia sin afectar la reforma constitucional en materia energética.
México avanza en un proyecto de nación de creciente y sana competencia y crecimiento económico con igualdad social, que lo proyectarán hacia una mayor competitividad global y a revertir las condiciones ancestrales de pobreza y marginación.
