El título de esta columna lo pedí prestado del libro que se presentó el miércoles 20 de junio cuyo autor es el especialista Pedro Vásquez Colmenares. El título no es una exageración. Realmente el problema de las pensiones es un riesgo para la salud financiera del país.
De acuerdo con los datos dados a conocer por el autor, el pasivo laboral de estos esquemas equivale a 104% del Producto Interno Bruto. La cifra de por sí es ya escalofriante, pero el panorama se pone peor cuando se aclara que este cálculo es parcial pues no incluye, por ejemplo, el costo fiscal asociado a la pensión mínima garantizada del IMSS y otros rubros importantes.
Si esto no fuera suficiente, con algunas excepciones, estos esquemas no están propiamente fondeados, por lo que el pago de las pensiones se obtiene de recursos corrientes o de endeudamiento.
Reformar los esquemas de pensiones públicos en el corto plazo es un imperativo, será quizá inevitable para la próxima administración. No sólo eso, dada la necesidad de ajuste, en la mayoría de los casos las reformas deberán ser drásticas.
Me preguntaban cómo deberían ser las reformas. Vásquez Colmenares establece, entre sus múltiples propuestas, dos directrices que en mi opinión son fundamentales. En primer lugar, establece que se requiere una nueva arquitectura pensionaria que esté fundamentada a nivel constitucional. En segundo lugar especifica, que estas definiciones constitucionales deben, por un lado, ser obligatorias para todos los sistemas pensionarios que existan, pero que los recursos fiscales generales sólo se destinen a financiar obligaciones y gastos generales de la sociedad, como el pilar básico de pensión universal de retiro.
El autor no favorece ningún modelo en particular, de beneficios definidos como el de casi todos los esquemas pensionarios, o el de contribución definida, como el del IMSS o ISSSTE a partir de sus reformas. En general ambos esquemas tienen ventajas y desventajas, siempre y cuando los dos estén debidamente fondeados (en el segundo es por diseño) y los dos tengan buenos gobiernos corporativos.
Otro mensaje principal del autor es que debemos poner el tema en lo más alto de la agenda pública. Como dice, hablar de él tema sin tapujos. No perder el tiempo en más diagnósticos y pasar a la acción de la reforma.
La reforma no será fácil de negociar pues generalmente los beneficiarios de estos esquemas son grupos de interés bien cohesionados y que tienen mucho en juego, sindicatos de las universidades, de las agencias públicas, etc. Por ello, cito al autor “se requiere un pacto nacional y mucha voluntad política en la que todos ponen, para que todos salgan ganando”. El cambio de gobierno es una buena coyuntura para abordar el tema.
Sin duda el tema es por demás relevante y se agradece que Vásquez Colmenares haya hecho un esfuerzo mayúsculo para traducir esta problemática en un diagnóstico claro y contundente y en recomendaciones de política pública específicas.