La fuerza de los poderes fácticos se hace sentir en el Congreso de la Unión y en otras pistas para frenar o desviar algunas de las principales reformas estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Algunos intentan parar la reforma hacendaria; otros desviar la reforma energética; unos más se resisten a la reforma educativa mientras hay quienes cabildean las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y competencia económica para beneficiar sus intereses.
Las reformas afectan fuertes intereses creados que durante décadas mantuvieron privilegios y por tanto una gran desigualdad en México, donde 10 por ciento de los más ricos gana 26 veces más que el 10 por ciento de los más pobres. Según Antonio Junco, presidente y director general de –Mastercard México y Centroamérica: 100 mil familias mexicanas gastan 55 mil millones de dólares al año en bienes y servicios, algo así como 6 por ciento del PIB.
Recientemente desde Strasburgo, Francia, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, afirmó que en México “los ricos no pagan impuestos, como las multinacionales” y reconoció que ahora con las reformas “se está reduciendo la desigualdad flagrante entre ricos y pobres”.
Apenas la semana pasada en la Cumbre de Negocios, realizada en Guadalajara, Jalisco, Peña Nieto advirtió que las reformas están afectando fuertemente los intereses de algunos grupos de poder que se resisten al cambio y a ver trastocados sus tradicionales privilegios. Incluso el Pacto por México se comprometió a limitar la influencia de los poderes fácticos por considerarla nociva para la República:
“La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
Sin duda, las reformas aprobadas en el Congreso y otras en proceso de aprobación afectan buena parte de los privilegios de esos grupos en sus diversos ámbitos de acción e influencia. Hoy poderosos miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial intentan frenar en el Senado de la República algunos avances de la reforma hacendaria avalados ya por los diputados. Este domingo en el zócalo capitalino se movilizaron grupos radicales manipulados por Andrés Manuel López Obrador en rechazo a la reforma energética. Los maestros de la CNTE y fracciones como la de la maestra Elba Esther Gordillo buscan desviar la reforma educativa. Cabilderos de las grandes televisoras privadas y de las principales empresas de telecomunicaciones tratan de influir en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y competencia económica. Legisladores vinculados al expresidente Felipe Calderón quieren obstaculizar y encarecer los avances del gobierno federal actual.
Es parte de una guerra por los privilegios y el poder que, de mantenerse, prolongará las condiciones de desigualdad y pobreza que han caracterizado la vida política, económica y social de México. Urge frenarla con reformas que generen mayor competencia y productividad y permitan una competitividad global que retome a México como un polo atractivo para la inversión privada nacional y extranjera.