La Contraloría Municipal de Benito Juárez dictaminó la inhabilitación de tres ex servidores públicos y la destitución de uno, quienes trabajaron en la administración del perredista Julián Ricalde Magaña.
Cancún.- “La sanción se determinó por el daño patrimonial que causaron al ayuntamiento y a los ciudadanos, ello tras revisiones y observaciones que por ley se realizan a la anterior gestión”, informó el titular la dependencia, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; aclarando que se trata de una acción institucional porque no tiene vínculos con una persona en particular.
El secretario general del ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez; el contralor Alonzo Rodríguez y el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Rodríguez Méndez, presentaron en conferencia de prensa ese “avance de los procedimientos realizados en tiempo y forma respecto a la responsabilidad de ex trabajadores de diferentes áreas y dependencias de la administración pública”.
Por su parte, Alonzo Rodríguez adelantó que con base en el diagnóstico se dictaminó la inhabilitación por diez años de la ex titular de la Unidad Jurídica Laboral de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, María Cristina Jáuregui Pech.
A Jáuregui Pech se le emitió además una sanción económica por dos millones 57 mil 810.06 pesos, debido a “una conducta atípica en su desempeño como servidora pública y a que ocasionó un daño al erario patrimonial calculado en 29 millones de pesos por la pérdida negligente de por lo menos 20 juicios laborales”.
En este caso en particular, se precisó que el área jurídica municipal valora la posible integración de una denuncia por el delito de omisión, para que sea sancionado conforme a la ley.
Asimismo, se inhabilitará por diez años al ex administrador de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, Luis Orlando Pérez Escobedo, que en su momento cobró una liquidación sin autorización del área por 215 mil 490.86 pesos, lo que ocasionará además una sanción económica por 430 mil 981.72 pesos.
También se inhabilitará por un año y se impondrá sanción económica de seis mil pesos al ex titular de la Unidad Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de Benito Juárez, Sergio Martín Miranda Suaste, “por efectuar un trámite sin presentar la comprobación correspondiente y causar un erario al municipio”.
Además, se dio a conocer la destitución de un inspector de Comercio en la Vía Pública, Carlos Javier Muñoz Moreno, por presuntos actos de corrupción en contra de un vendedor ambulante.
“Por lo menos otros 20 ex funcionarios están en el periodo de fundamentación de observaciones, otros a los que ya se inició la queja y algunos en procedimientos administrativos, por lo que se seguirá el procedimiento de ley para dictaminar lo conducente”, puntualizó el contador.