El esquema de Presupuesto Participativo, al robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción de gobierno fundamental, como es la asignación del presupuesto, representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano actualmente disponibles. Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del estado mediante la participación de la gente. Un mecanismo que no sólo combina, en el ámbito municipal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.
El referente mundial de este esquema presupuestario se encuentra en Porto Alegre, Brasil, donde en 1989 fue implementada la primera experiencia de Presupuesto Municipal Participativo. La intención de esa administración local, emanada del Partido del Trabajo (PT), no sólo era democratizar y transparentar el ejercicio presupuestal de la comunidad; buscaban también romper con la inercia neoliberal de exclusión social que paulatinamente había ido profundizando la inequidad y la falta de justicia redistributiva. Al horizontalizar el proceso de asignación del presupuesto, haciendo copartícipes a los ciudadanos mismos, se pretendía garantizar un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público. Tenían razón, y es que la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones locales presupone una distribución de poder entre todos los integrantes de la comunidad; cada ciudadano ve potenciado su derecho-poder de participar en las decisiones colectivas.
Después de más de 20 años de ser ensayado, implementado y perfeccionado, el esquema de Presupuesto Participativo de Porto Alegre se encuentra ya plenamente consolidado. Hoy en día cuenta con un Reglamento Interno donde se enumeran los criterios generales y técnicos, donde se estipula además como debe funcionar el Consejo de Presupuesto Participativo que, como ellos mismos definen, es “un órgano de participación directa de la comunidad que tiene por finalidad planear, proponer, fiscalizar, y deliberar sobre la recaudación y los gastos del presupuesto del Municipio de Porto Alegre”. A nadie debe sorprender que esta historia de éxito ciudadano haya tenido tanta repercusión a nivel mundial, tanto que ya son varios los países que han importado este modelo: Argentina, Colombia, España, Italia, entre otros.
La experiencia brasileña nos demuestra que estimular la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto tiene efectos muy positivos al reducir las prácticas clientelares, lograr una más justa distribución del ingreso y crear una mejor calidad de la representación. Su naturaleza incluyente y participativa tiene además un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.
Debemos desterrar la noción de que la asignación del presupuesto es algo complicado y engorroso, propio de técnicos y expertos; hay que abrazar esta actividad como una de naturaleza eminentemente política, propia de la colectividad, donde nuestra participación como ciudadanos funge como factor de legitimidad. Sabemos bien que en México la corrupción permea en el manejo del dinero público, en las licitaciones y contrataciones de obra pública. Este esquema de Presupuesto Participativo está diseñado precisamente para inhibir ese manejo discrecional y arbitrario, para transparentar el destino de los recursos. Muchos países así lo entienden pero en México, para variar, ni siquiera se discute. Y pues eso.
