La CNDH documentó que autoridades de la PGJ del Estado de México intimidaron a tres testigos del caso Tlataya por lo que pidió al gobernador Eruviel Ávila que se realicen las acciones para fincar responsabilidades y sancionar a los funcionarios; la Procuraduría confirmó que se investigan a 20 funcionarios por estos hechos.
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cometieron actos de tortura, maltrato, intimidación e incomunicación en contra de tres testigos de los hechos ocurridos en Tlatlaya.
El organismo añadió que la responsabilidad por estos actos, también recae en el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tejupilco, ante quien rindieron sus declaraciones.
Por ello, la CNDH pidió al gobernador Eruviel Ávila que se determine la responsabilidad administrativa y penal contra los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron y toleraron dichos actos.
De acuerdo con testimonios de las víctimas, citadas por El Universal, varios agentes y un abogado de la PGJEM iniciaron los interrogatorios y torturas en las instalaciones de la dependencia estatal.
Señalan que además de que fueron sometidas a golpes; intentos de asfixias, incluido meterles la cabeza en una taza de baño; y amenazas de violación, los elementos judiciales les pidieron las contraseñas de sus redes sociales con el objetivo de usar sus contenidos para amenazarlas.
Las testigos señalaron que los agentes les exigieron confesar su relación con el supuesto grupo delincuencial, y que además les exigieron declarar que “los militares no habían matado a nadie”. En los tres casos las testigos fueron obligadas a firmar una declaración cuyo contenido desconocían.
Podrían no ser culpados los 20 funcionarios del Edomex
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la PGJEM, informó que se investigan a 20 funcionarios estatales, entre ellos, agentes y policías ministeriales, así como peritos en diversas disciplinas.
En conferencia de prensa realizada este miércoles, el funcionario detalló que las indagatorias son por la “presunta tortura de tres mujeres” que fueron detenidas luego de la ejecución de 22 civiles por parte de elementos del Ejército mexicano ocurrida el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado su denuncia, en la cual señala y ustedes lo podrán ver en la propia recomendación, una serie de personas que estuvieron involucrados en los hechos. Todos estos servidores públicos son materia de investigación. Alrededor de veinte”, indicó el procurador estatal.
“Están todos y cada uno de ellos en la mejor disposición de colaborar en las investigaciones”, dijo Gómez Sánchez, quien agregó que hasta el momento ninguno de los servidores públicos ha sido separado del cargo, debido al derecho de presunción de inocencia.
El funcionario estatal declaró a medios que si encuentran responsabilidades aplicarán las sanciones correspondientes. Sin embargo aclaró que no hay una fecha límite para concluir las investigaciones y confirmar si los funcionarios son culpables de cometer algún delito en contra de las testigos.
IFAI ordena a PGR dar información sobre peritajes
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó este mismo miércoles a la PGR entregar versiones públicas de los peritajes de la investigación por el caso Tlatlaya.
A pesar de que el expediente estaba clasificado como reservado, el pleno del IFAI determinó que era improcedente ya que se la CNDH reclasificó el caso Tlatlaya como investigación de “violaciones graves” a derechos humanos.
Por ello, el organismo determinó que la procuraduría deberá hacer pública la información relacionada a los peritajes del caso, no obstante, acotó, se deben proteger los datos personales contenidos en dichos documentos, por tratarse de información de carácter confidencial.