La reforma hacendaria aprobada por la mayoría de los diputados es progresiva, redistributiva y con enfoque social.

Este enfoque explica por qué 317 diputados del PRI, PRD, PVEM y el Panal votaron a favor de una propuesta que  elimina los privilegios fiscales y el PAN con un manejo claramente político-clientelar se sumó a la postura radical del  PT y al Movimiento Ciudadano para ir en contra de la reforma.

Es un mito que la clase media sea la más afectada. Datos del INEGI revelan que 55 por ciento de los hogares del país son de clase baja; 42 por ciento de clase media y casi 3 por ciento de clase alta. La mayor carga tributaria adicional de los aumentos de impuestos aprobados afectarán al 10 por ciento de la población con mayores ingresos, que corresponde a la clase alta y la cuarta parte de la clase media.

El economista Enrique Quintana desmiente que la reforma fiscal afecte de manera importante a las empresas, pues según estimaciones de la Secretaría de Hacienda la eliminación del IETU “tanto por su impacto directo como por los impactos indirectos derivados del menor control suavizarán de modo considerable el impacto de la reforma”. Si se hubiera mantenido el IETU más las otras medidas, las empresas pagarían 131 mil millones de pesos adicionales por concepto de ISR este año, lo que implicaría un aumento de 43 por ciento respecto a lo desembolsado el año pasado. No obstante, la eliminación del impuesto deja un remanente efectivo de 30 mil millones de pesos como pago adicional, equivalente al 10 por ciento del ISR cubierto en 2012.

En el ISR para personas físicas, se considera el cobro progresivo del 31 por ciento hasta el 35 por ciento. El 31 por ciento se aplicará a quienes tengan ingresos superiores anuales entre 500 y 750 mil pesos, el 32 por ciento para quienes ganen entre 750 y un millón de pesos;  de34 por ciento para quienes tengan percepciones superiores al millón de pesos y hasta 3 millones de pesos anuales y pagarán 35 por ciento de ISR quienes superen los 3 millones de pesos de ingresos anuales.

Adicionalmente, el fondo de la reforma es redistributivo porque elimina los privilegios fiscales, los regímenes de consolidación fiscal y esquemas especiales de tributación, que benefician a las grandes empresas del país y en cambio se impulsa el seguro de desempleo y la pensión universal para las personas mayores de 65 años.

Otro mito es el endeudamiento “excesivo” del gobierno federal. La propuesta del déficit fiscal de 1.5 por ciento del PIB para el próximo año es perfectamente manejable y justificable sobre todo porque se destina a gasto de inversión en salud, educación, ciencia, tecnología, gasto social y combate a la pobreza e infraestructura. Ninguna economía desarrollada tiene hoy superávit o equilibrio fiscal. La clave del déficit fiscal es que sea manejable, temporal y no se canalice a gasto corriente. En el fondo lo importante es no hacer del superávit fiscal un fetiche económico, máxime cuando se tiene un país con la mitad de la población en condiciones de pobreza y se requieren financiar mayores tasas de crecimiento económico. Al final el gobierno debe eficientar y transparentar el gasto público para que la sociedad sepa con toda certeza y seguridad en qué se están gastando sus impuestos.

Estas razones explican por qué el FMI consideró viable y sólida la reforma hacendaria y por qué México sigue siendo atractivo para la inversión privada nacional y extranjera, más allá de la argumentación política de partidos y empresarios que intentan capitalizar la discusión y el debate por la aplicación de impuestos que por lo demás a nadie nos gustan.

Vale la pena recordar a Robert Shiller, premio nobel de economía 2013, quien advierte que el gran problema del mundo no son las crisis financieras, sino el aumento de la desigualdad económica y sostiene que es mejor aumentar impuestos a los ricos, en vez de esperar 50 o 100 años a que el problema sea más grande.

Y son precisamente los ricos, las cúpulas empresariales, las que mueven a una parte importante de la opinión publicada y comentaristas económicos y financieros para crear la falsa percepción de que se afecta a la clase media, a las empresas y a la inversión productiva.