Un tema que debe preocupar al gobierno federal es que México reprobó en impartición de justicia a nivel internacional. Mientras hay una reforma penal que plantea el respeto a los derechos humanos, especialistas tildan las omisiones en esta materia por la incoherencia entre las garantías que contiene, así como el holgado periodo de tiempo en que los estados están obligados a incorporar el Nuevo Código Penal. México está tocando fondo en impartición de justicia criminal, orden y seguridad. ¿Qué hacer si uno tiene que enfrentar un sistema de justicia donde la reforma penal es encarcelada por las contradicciones de sus garantías?
Ciudad de México.- México reprobó a nivel internacional en la impartición de justicia criminal, orden y seguridad. En un informe internacional se concluyó que el país tiene 0.45 de puntaje en justicia criminal, restricciones a los poderes de gobierno, corrupción, apertura de gobierno, derechos fundamentales, seguridad y orden, aplicación de regulaciones y justicia civil.
En el documento se critica que México reprueba en cada uno de los elementos evaluados de entre 99 países, el peor de ellos es la impartición de justicia criminal donde ocupa el lugar 97, mientras que en apertura del gobierno, la calificación fue la única positiva con el lugar 39 de todas las naciones examinadas.
Elaborado por The World Justice Project, el Informe del Índice de Estado de Derecho 2014 es un documento que analiza en 228 páginas a 99 países donde naciones como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Austria, Australia, Alemania y Singapur son los diez mejores evaluados en sus sistemas legales; mientras que México, en el lugar 79, logra superar a los diez peor calificados como Venezuela (99), Afganistán, Zimbabwe, Pakistan, Camerún, Bolivia, Nigeria, Bangladesh, Camboya y Uganda.
Es “preocupante” y “alarmante” las posiciones que ocupa México en la evaluación que se hace en materia de corrupción, seguridad y orden público, pero principalmente, en la impartición de justicia criminal. Así de categórico, Daniel Carranca de la Mora (abogado penalista y socio fundador y director jurídico de U Live) habla de la situación actual que penalmente se vive en México, tras ayudar a interpretar su situación penal, junto con los más de 33 colaboradores mexicanos, que fueron consultados por WJP para redactar el Índice.
“No solo son preocupantes sino alarmantes los estados que arroja el Índice sobre todo en cuatro puntos que es en materia de corrupción, seguridad y orden público, en este último somos el lugar 96 de 99; en justicia civil ocupamos el lugar 88 de 99 países evaluados, pero el peor de todos es el de justicia criminal con el lugar 97 de 99. Es decir, solo dos países que son Bolivia y Venezuela resultan peor que nosotros en ese rubro. El problema de la falta de eficacia del sistema de justica penal, es un problema añejo que venimos viviendo desde hace varios años y hoy nos encontramos en un punto crítico”, explica el abogado penalista en entrevista con El Semanario.
“Este estudio contactó a varios expertos en diversas áreas, envió una serie de cuestionarios relativos a la materia que cada experto tiene injerencia y de ahí se arrojaron los resultados; normalmente se buscan especialistas que sean independientes, entre otros elementos que evalúan, por lo que se considera a abogados litigantes, docentes; yo principalmente creo que la razón por la cual tuvimos tan malos resultados, es por el tema de la inseguridad y el narcotráfico al que se enfrenta el país; la inseguridad que estamos viviendo en Michoacán, Tamaulipas (entre otras entidades), evidentemente hace que México sea de los países peor calificados y tenemos que estar muy alertas, porque sí es gravísimo ocupar estas posiciones”, alerta.
Ante esta preocupación tras la exhibición de México como país crítico en la impartición de justicia criminal en el mundo, el presidente, Enrique Peña, habló frente a procuradores del país, donde ofreció en un discurso cuadrado que no dio margen a ver los errores tan lamentables que tiene, que “el Gobierno de la República está decidido a apoyar a todas las entidades federativas para lograr la implementación total del nuevo Sistema de Justicia Penal en el plazo constitucional establecido”, que se cumple en 2016.
Nuevos sistemas, viejos vicios
Tras el aire renovado que la Reforma Constitucional Penal de 2008 llevó al interior de los sistemas penales federal y estatales, Peña Nieto advirtió que “se trata de un nuevo Modelo Penal Adversarial y Oral, diseñado para hacer pleno el derecho a una justicia expedita, imparcial y transparente, como lo mandata nuestra Constitución”.
Solo que en este privilegio, por lo expedito de los juicios, se están atropellando los derechos humanos de los presuntos culpables, algo de lo que Peña Nieto no habló con sinceridad en su última reunión con procuradores del país, y que cambió por el concepto de garantías jurídicas.
Contradictorio al discurso bonachón que Peña Nieto dio a los procuradores de justicia del país, los choques entre las garantías de la Reforma Penal de 2008, no solamente marcan diferencias cuya emulsión resulta imposible, sino que se omiten los derechos humanos por acelerar procesos penales, tal como lo advierte Carranca.
“El gran tema siguen siendo los derechos humanos, hemos tenido principalmente dos reformas que son de gran calado. La reforma del sistema penal del 2008 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, sin embargo, una cosa es reformar nuestra constitución donde los derechos humanos se ven muy bonitos en papel y otra es que realmente se respeten y se hagan cumplir. No podemos negar que hoy en día la violación a derechos humanos en nuestro país es sistemática, entonces creo que por más que los derechos humanos abunden en los discursos políticos y sean la bandera que todos los partidos políticos portan hoy en día, falta mucho en esa materia para que realmente podamos decir que en México se respetan los derechos humanos. Es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho en él y un tema que por más que se han hecho las reformas no está resuelto, falta mucho por hacer”.
Y es que para Carranca no hay huecos optimistas en el aquilamiento que hace de la renovación penal y su concepción de los derechos humanos.
“En el tema de la reforma penal constitucional por un lado nos venden una reforma en donde vamos a implementar un sistema acusatorio adversarial en los mal llamados juicios orales, en donde pues supuestamente ahora, a todo el mundo se le van a respetar sus garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia, pero por otro lado, en la misma reforma, se están introduciendo figuras como el arraigo y testigos protegidos, propias de un derechos penal no garantista que los académicos llaman el derecho penal del enemigo. Lejos de garantizar derechos humanos, lo que el Estado hace es restringirlos para lograr tener investigaciones más eficaces y mejores resultados en materia de combate al narcotráfico en delitos de alto impacto. En teoría lo que se busca son investigaciones más eficaces pero todo esto se hace a costa de los derechos humanos y bueno, sabemos que en un país como México y con los resultados que estamos viendo, la mayoría de nosotros que se vea involucrado en un proceso penal en materia de delincuencia organizada, prácticamente tiene su derecho de defensa nulificado. Vimos las graves consecuencias en el penoso, indiscriminado y el abuso del uso de los testigos protegidos en el sexenio pasado, todas las personalidades que estuvieron privadas de la libertad con el dicho de testigos protegidos y después resultó que eran personas que habían estado declarando en numerosos procesos. Es muy preocupante que nos venden una reforma hacia un sistema penal garantista, pero por el otro lado están incorporando figuras que lo que hacen es restringir derechos humanos”, reflexiona.
-La implementación del nuevo Sistema Único de Justicia Penal tiene como fecha límite el 2016, ¿en esta espera podremos advertir la constante de un sistema obsoleto y con estos niveles tan mal calificados a nivel internacional?
-Quedan escasos dos años para que en todo el país esté funcionando el sistema acusatorio. Los procesos penales que iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio, se seguirán tramitando con el sistema tradicional y después ya se seguirán bajo las nuevas reglas; (en la reforma penal) lo que es preocupante es que han pasado prácticamente seis años (promulgada en 2008) y los avances son muy pocos, son pocos los estados que ya tienen funcionando el sistema acusatorio al 100 por ciento, podemos hablar del estado de Chihuahua, del Estado de México, pero la mayoría de los estados están en un proceso de implementación y no se diga el Distrito Federal y la Federación, que son los grandes retos de la reforma, donde ni siquiera se han iniciado con la implementación; no tenemos funcionando juicios orales, porque se ha estado pensando en que como son los dos ámbitos de mayor complejidad, pues tienen que ser los últimos que entren en vigor, pero para estas fechas ya tendríamos que tener más avances de los que hoy en día existen. A seis años de la reforma no vemos materializados los resultados que esta propone.
Para diluir el agrio análisis que Carranca hace de la reforma penal, Peña Nieto aumento en dos mil millones de pesos, la cifra que Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a senadores en su comparecencia del 22 de mayo.
“En el periodo 2013-2014 se destinaron más de siete mil millones de pesos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. “Esta cifra es prácticamente cuatro veces lo invertido previamente en esta materia, en este reto y en este objetivo; lo hemos hecho así para asegurarnos de que en 2016 este sistema opere en todo el territorio nacional”, comentó Peña Nieto.
De estos siete mmdp, Osorio Chong aseguró en la comparecencia ante los senadores, que en 2013 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014, se destinaron a las entidades 898 millones de pesos para el programa “con prioridad nacional”, del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
A diferencia de Peña Nieto, Osorio Chong asegura que son cinco mil millones de pesos los que se tienen contemplados “para infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información para el Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas”, dos mil millones de pesos menos de lo que Peña Nieto subrayó a los procuradores del país.
Y es que mientras en el gobierno federal no logran ponerse de acuerdo, tanto el secretario de Gobernación como el presidente de la República, sobre cuánto es lo que van a gastar para el establecimiento del Sistema de Justicia Penal en los 32 estados del país, hay asperezas que de no limarse entre el Código Penal y la Reforma de 2008, se puede desgastar al sistema de justicia en México de una manera alarmante.
“La idea de un código nacional no es mala, desde hace muchos años debimos de haber tenido un único Código, sin embargo, ahora nos enfrentamos a que la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad, argumentando que 45 de sus artículos son violatorios de derechos humanos. Nos venden un Código Nacional maravilloso que unificará los esfuerzos, etcétera, cuando en realidad tenemos un Código con una acción de inconstitucionalidad sin que si quiera haya entrado en vigor. Lo importante es que toda la sociedad y en especial los abogados y quienes nos dedicamos a la materia penal, exijamos a las autoridades que realmente se haga un gran esfuerzo en capacitar a los operadores, policías; profesionalizar a los investigadores para que este nuevo sistema de justicia penal funcione y arroje los resultados que estamos esperando.
“Hay que exigir a las autoridades penales no echar en saco roto el tema de la capacitación (Programa Rector de Profesionalización para la Policía Federal y creación del Centro Nacional de Formación de Mandos) y de la correcta implementación, porque la reforma es una realidad, entonces hay que procurar que se implemente de la mejor manera posible”, acota.
Por Octavio Noguez Cervantes.