El consorcio Rivada, quién fue descalificado del concurso de Red Compartida, declaró que la SCT otorgó de manera directa a Grupo Altán dicha ganancia de la licitación, en lo que calificó como una “adjudicación directa”.
Además, con base en información de La Jornada dijo dicho ganador no aumenta la cobertura de los operadores actuales quienes han alcanzado coberturas poblacionales cercanas al 92 por ciento”.
Rivada aseguró que el gobierno mexicano no recibirá los beneficios económicos por lo que “que implica la asignación prácticamente gratuita de espectro radioeléctrico y una disminución sin precedentes en el pago de derechos anuales por el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias de tal espectro”.
Cabe señalar que el recurso de amparo que promovió Rivada ante su descalificación no procedió, pero aun así la empresa aseguró en un comunicado que “insistirá en su esfuerzo por preservar los principios constitucionales y los enormes beneficios que respaldan a la Red Compartida, que debe beneficiar especialmente a aquellos mexicanos que tienen menos oportunidades.
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Destacó que el objetivo central de la Red Compartida es aumentar la cobertura poblacional de los servicios de telecomunicaciones.
“Sin embargo, la propuesta aceptada por la SCT en un concurso que, en los hechos fue degradado a una adjudicación directa, no aumenta dicha cobertura ya que los operadores actuales han alcanzado coberturas poblacionales cercanas al 92 por ciento sin recibir los beneficios económicos que implica la asignación prácticamente gratuita de espectro radioeléctrico y una disminución sin precedentes en el pago de derechos anuales por el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias de tal espectro”, criticó.
Grupo Altán, que se encuentra integrado por Axtel, Megacable, además de Marapendi, IFC, CTL, Hansan, FF Latam, IGI y Fideicomiso Coinversión, se comprometió cobertura poblacional por 92.2 por ciento; el mínimo esperado por la SCT era de 85 por ciento.
Pero Rivada sostiene que su propuesta era mayor, y que “la reducida cobertura poblacional aceptada por la SCT contraviene el mandato constitucional de cobertura universal y contradice el objetivo del proyecto”.