Desde que Vladimir Putin asumió el poder en Rusia, ha sido ejemplo de represión; asociaciones civiles y activistas no quitan el dedo del renglón, y dan luz de esperanza a quienes han visto violentados sus derechos fundamentales.
Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, después de tantas guerras, conflictos y pérdidas que ha sufrido la humanidad, algunos gobiernos sigan sin darse cuenta de que la intolerancia y el autoritarismo nunca conducen a nada edificante. Todas las dictaduras han demostrado en sus indelebles consecuencias que cuando un gobierno se sustenta no con el pueblo, sino encima de él, están destinadas al fracaso. Lamentablemente, antes de que ese fracaso sea tangible, afecta irremediablemente a miles y miles de vidas inocentes cuyo único error fue haber nacido en el lugar y el tiempo equivocados.
Este es el caso de los jóvenes y adultos rusos cuyo “delito” es el hecho de tener inclinaciones homosexuales. A raíz de la promulgación de la “Ley federal contra la propaganda homosexualista”, Putin dejó carta abierta a la sociedad conservadora, homofóbicos principalmente, para con los pretextos de “combatir la pedofilia” y “promover las buenas costumbres” violentar a cualquiera que pueda ser acusado de ser o de promover la homosexualidad.
Es evidente que el gobierno previó la ola de ira y violencia que acarrearía esta nueva legislación –la cual prohíbe cualquier tipo de promoción o apoyo de la vida homosexual-, pero no precisamente por parte de los inculpados, sino de la población que los ha molestado en las calles, golpeado, insultado y realizado infinidad de atrocidades, como obligarlos a “auto-violarse” con botellas de vidrio o llevarlos al límite de la humillación mientras son grabados por grupos de neonazis.
Lo peor es que no hay modo de denunciar estos crímenes, pues las víctimas pasaron a ser el “enemigo”, y si se presentan con las autoridades para pedir ayuda, sólo reciben la indiferencia de las mismas y hasta otro castigo por el simple hecho de “ser homosexual”. Todo esto se sabe gracias a las redes sociales, que muestran ante los ojos atónitos del mundo imágenes fuertes de la violación a los derechos fundamentales del hombre.
Dichos derechos fundamentales han perdido entonces su dimensión básica en Rusia, que se entienden como las condiciones instrumentales que le permiten a cada persona su realización. Con la ley anti-gay, las víctimas –que sí, eso es lo que son- pierden de inmediato cualquier derecho que les garantice el poder tener una vida digna, cualquiera que sea su condición social, política y económica.
Y es que a pesar de que en 2010 Rusia mostraba una mayor apertura a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, los compromisos del entonces presidente Dmitri Medvedev se quedaron en la retórica, pues en ese mismo año se presentaron nuevos ataques contra defensores de los derechos humanos, que para variar, nunca fueron resueltos, ni mucho menos castigados.
Esto se debe a que la acción del gobierno, que no la de Putin, es deliberadamente hipócrita. Por un lado, el Kremlin pugna por la creación de mejores condiciones de trabajo para las ONG, que no se sabe dónde se verán reflejadas pues la realidad es que los defensores de los derechos humanos cada vez son más hostigados y atacados, especialmente los que se encuentran en el Cáucaso Norte.
En esta región, donde a pesar del final oficial de las operaciones armadas en Chechenia el 15 de abril de 2009, continúa la insurgencia islamista con situaciones de violencia política, étnica y religiosa, y se viven día tras día la intransigencia y el autoritarismo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la seguridad, cometiendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, tratando de poner un poco de orden en los atentados terroristas que se han convertido en el pan de cada día.
Ante esto, ONG’s como el Centro Memorial de Derechos Humanos trabajan directamente investigando y denunciando estas violaciones, y otorgando asesoría legal a las víctimas. Por ejemplo, las mujeres en esta región no tienen permitido llevar la cabeza descubierta, y si lo hacen se exponen a recibir disparos de pintura en la calle, hecho que las autoridades no condenan y que ha mandado al hospital a más de una.
Sin embargo, el único apoyo que encuentran en las ONG se ve obstaculizado por las mismas autoridades. En el caso de Memorial, en 2009 fue asesinada una de sus investigadoras, Natalia Estemirova, crimen que a la fecha continúa sin culpable ni castigo. De cualquier modo, quien sí fue condenado a tres años de prisión fue Oleg Orlov, presidente de la asociación, por el supuesto delito de difamación al declarar que Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, era el responsable del asesinato de Natalia.
Tras estos hechos, Memorial dejó de laborar por seis meses, debido además a las amenazas contra su personal. En medio de todo esto, sorprende también la persistencia de la solidaridad de doce organizaciones rusas de derechos humanos, encabezadas por el Comité Nizhny Novgorod contra la Tortura, que establecieron grupos móviles para continuar trabajando con las víctimas en Chechenia.
A pesar de las constantes declaraciones del ex presidente Medvedev instando a las autoridades locales a cooperar con las organizaciones civiles, Kadyrov no desistió en sus amenazas, describiendo a los activistas como “enemigos del Estado, enemigos del pueblo y enemigos de la ley”. Sobra decir que el Kremlin no hizo nada al respecto.
Y sobra decir también que los activistas pro derechos humanos reciben amenazas y ataques en muchas otras regiones de Rusia. Uno de los casos más conocidos es el de Vadim Karastelev, quien pasó siete días en detención administrativa por organizar una manifestación no autorizada de apoyo al ex agente Aleksei Dymovsky, quien subió un video a Youtube donde exponía la corrupción policial, atrayendo las miradas de todo el país. Tras la liberación de Karastelev, atacantes desconocidos lo golpearon brutalmente, provocándole heridas muy graves.
Por la magnitud del caso, la población respondió con indignación, ante lo cual el gobierno se comprometió a emprender reformas que regularan la violencia policial y la anarquía. Sin embargo, como se ha comprobado, estas no han sido suficientes para garantizar la seguridad y la integridad de los activistas.
La policía ha tratado con violencia todos los mítines no autorizados, como los que se organizan el día 31 de cada mes en las principales ciudades para promover el artículo 31 constitucional, que garantiza la libertad de reunión. Uno de esos 31, en octubre de 2010, las autoridades no tuvieron otra opción más que ceder, tras la dura sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en contra de Moscú, por no permitir la organización de la marcha del orgullo gay -que ha estado suspendida por cinco años consecutivos-, que culminó con la manifestación pacífica de más de mil asistentes en la Plaza Triumfalnaya.
Dicho triunfo fue efímero, pues se habían adoptado ya nuevas disposiciones que le permitían al Servicio de Seguridad Federal (SSF) emitir advertencias a personas, organizaciones y medios de comunicación, tendientes a parar las actividades que lleguen a considerar “extremistas”. Tras de esto, la fiscalía de Moscú puso en marcha investigaciones intrusivas a las ONG que trabajaran con capital extranjero.
Pero las ONG de derechos humanos no son las únicas afectadas por la tendiente política autoritaria y restrictiva de Rusia. Los grupos ecologistas también han sufrido varios embates, como en los últimos meses de 2013, cuando los 30 miembros del rompehielos “Arctic Sunrise”, de la A. C. internacional Greenpeace fueron apresados por supuestos cargos de piratería, al intentar encadenarse a una plataforma petrolífera de Gazprom en protesta ante el inicio de operaciones de la misma, que aumentaría el riesgo de vertido de petróleo en un área protegida por la propia legislación rusa, al haber en ella tres reservas naturales.
Antes y durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 se vivieron varias tensiones y conflictos en todo el territorio ruso. A pesar del espíritu pacífico y humanista que las olimpiadas deberían tener, no significó cambio alguno para la voluntad del gobierno.
Los desalojos forzosos para hacer sitio a las sedes de los juegos despojaron de sus propiedades –que no sólo eran casas, sino medios de subsistencia como hostales y granjas- a cientos de familias residentes de Sochi, en el distrito de Adler, con la promesa de una indemnización por parte del gobierno. Lo cierto es que los juegos terminaron y aún no queda claro cuál será el monto de las mismas, ni cuál será el procedimiento para recibirlas.
Otro efecto colateral de los juegos olímpicos fue la contratación a gran escala de migrantes ilegales para la construcción de dichas sedes, los cuales recibieron, al igual que cientos de trabajadores extranjeros en Rusia, condiciones de trabajo muy precarias entre jornadas extenuantes, salarios muy bajos y esporádicos, ausencia de contratos y de garantías laborales, además de que los lugares que los patrones les proporcionaban para vivir no cumplían los requisitos mínimos de habitabilidad.
Muchas de estas construcciones significaron la destrucción o el deterioro de vastas zonas naturales protegidas, lo cual ya tuvo solución: los activistas Yevgeniy Vitishko e Igor Kharchenko, miembros de la organización ecologista Vigía Ambiental del Cáucaso Septentrional, fueron condenados a cumplir tres años de prisión por cargos falsos de vandalismo y desacato a la policía, aunque en realidad fue por su activismo ecologista.
Con todo este panorama, puede dar por pensar: ¿por qué si hay tantas actividades de denuncia, no se puede hacer gran cosa al respecto? Como habíamos dicho, las ONG hoy más que nunca en Rusia están siendo impedidas de sus funciones. Representan una importante ayuda para la sociedad, pero si tienen en su contra a las autoridades, no habrá mucho que puedan hacer.
ONGs internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), denunciaron continuamente durante la realización de los juegos –aprovechando la atención mundial recibida en ese momento- todas estas situaciones y muchas más.
Es el caso de Vladimir Luxuria, trasgénero italiano que el 17 de febrero desplegó una pancarta con un arcoíris en pleno Sochi con la leyenda “No pasa nada por ser gay”, tras de lo cual fue arrestado y posteriormente hostigado y reprimido.
Otro caso fue el de Nadezha Tolokonnikova y María Alyokhina, integrantes del grupo de activistas punk Pussy Riot, que junto con otras siete personas fueron maltratadas y abofeteadas por varios hombres uniformados que decían llamarse “Cosacos”, al intentar protestar por la discriminación de la comunidad gay sufrida en todo el país.
Así, la lista de violaciones de derechos humanos cometidas durante los Juegos Olímpicos de Sochi es bastante larga. Por ello, “el hostigamiento, las detenciones y reclusiones, las acusaciones falsas y los juicios injustos que han sufrido los activistas bajo los resplandecientes focos de las cámaras de todo el mundo son una lacra para los Juegos”, señaló el director de la oficina de AI en Moscú Sergei Nikitin.
Pussy Riot, que más que una banda de punk se ha convertido en un grupo en resistencia, se integra por mujeres a las que no les ha importado ser arrestadas, violentadas, separadas de sus hijos ni tratadas como criminales por las autoridades rusas con tal de llevar su mensaje de rechazo al gobierno que cada vez les quita más garantías a los habitantes del país.
A pesar de que el grupo ya estaba junto desde antes, estas chicas saltaron a la escena mundial cuando el 21 de febrero de 2012 entraron a la Catedral de Cristo Salvador, en Moscú, y cantaron una “plegaria contra Putin”, denunciando los nexos del entonces aspirante a reelección presidencial con la iglesia ortodoxa rusa. Un minuto había transcurrido cuando tres de ellas –Maria Alyokhina, Nadezha Tolokonnikova y Yekaterina Samutsévich-, fueron arrestadas, siendo condenadas tras un mes, y sin posibilidad de apelar, a dos años de prisión.
Aunque su proceso judicial ha sido condenado por analistas como un “juicio-espectáculo”, ha logrado interesar a diversos actores políticos, sociales e incluso artísticos alrededor del mundo. La huelga de hambre de Tolokonnikova en el interior de la prisión recibió el apoyo de celebridades como Madonna y Yoko Onno, y AI calificó la condena como “un golpe amargo contra la libertad de expresión”.
Tras su detención y estadía en prisión, Nadezha y María han cambiado diametralmente el enfoque de su activismo. Pussy Riot, cuyos integrantes siempre usan pasamontañas y nombres falsos, tienen como ideales el feminismo, la resistencia contra el autoritarismo y la búsqueda de la identidad, integrados en la filosofía del punk de “hazlo a tu manera”.
Estas chicas nunca planean sus apariciones públicas, ni mucho menos cobran por ellas. Están en contra del sistema capitalista, pues consideran que es lo que ha llevado a la sociedad a la actual decadencia, así como de todo el circo mediático que se ha armado en torno de la figura de sus integrantes presos.
En una carta difundida en su sitio web, el colectivo señaló que se encuentran presenciando una coalición catastrófica, pues a pesar de que el mundo gana dos bravas e interesantes defensoras de los derechos humanos de los presos políticos, no pueden continuar como parte del grupo pues actúan a nombre propio y con instituciones que no concuerdan con la filosofía del colectivo.
Otros miembros de Pussy Riot han afirmado que María y Nadezha no pueden formar parte más del colectivo ya que “la protección de los derechos es incompatible con las declaraciones políticas radicales y trabajos provocativos de arte, que plantean temas conflictivos con la sociedad moderna”.
Y es que, a pesar de su importante activismo, estas dos mujeres cayeron en graves contradicciones al aceptar presentarse junto a Madonna en un evento organizado por AI, en el cual fueron utilizadas como gancho para cobrar elevadas tarifas por los boletos; no hay que olvidar que el engorroso escenario vivido en Rusia ha ayudado a reivindicar la imagen de EU como “protector de los derechos humanos”, mientras que ese país también comete notables faltas a los mismos. Sin ir muy lejos, pensemos en la prisión de Guantánamo.
A pesar de la salida de estas dos integrantes, las Pussy Riot continúan en pie de lucha. Según datos de AI, sus integrantes fueron de los más arrestados y maltratados durante los Juegos Olímpicos de Sochi. Sin embargo, golpes, maltratos, humillaciones, no serán suficientes para parar movimientos como este, que aunque no tienen una imagen tan fuerte se cuentan por montones en el país ruso y que van creciendo su fuerza, pues por mucho poder que acumule Putin, por más crímenes que perpetre ante la mirada impune de las organizaciones mundiales, que lo dejan en paz por su poderío nuclear y económico, los habitantes no aguantarán para siempre y, tarde o temprano, como ha pasado tantas veces en la historia, llegarán a un punto de quiebre del que ya no habrá marcha atrás.
