Uno de los motores del crecimiento, en particular en las economías emergentes, como la mexicana, lo constituye la inversión extranjera. Y es que, como reza la máxima archiconocida, el capital no tiene patria y no la tiene porque va en busca de rentabilidad y de proyectos que permitan hacerla tangible a lo largo y ancho del mundo.
Pero –cómo sabe cualquier inversionista y podemos entender cualquiera con sentido común- mientras más riesgo tenga el proyecto, más “premio” exigirá el inversionista (es decir, la tasa de retorno deberá ser más alta) y esto implica costos altos para quienes, en lugar de ofrecer seguridad o minimización del riesgo, prefieren vivir en el limbo de la incertidumbre.
México ha perdido competitividad en el terreno de la inversión extranjera por una serie de factores que se suman y determinan que invertir en el país es más riesgoso que hacerlo en otros. Y es que si algo puede desalentar la inversión extranjera en cualquier país es la inseguridad jurídica que se genera con un clima de violencia, la impunidad de la que gozan muchos indiciados, los bandazos en la política fiscal o el desacierto para ver los signos de una crisis y prepararse para ella.
Asimismo, se adicionan a estos factores las decisiones discrecionales, la permanencia en sus puestos de secretarios de Estado que no dan resultados y los intereses creados que impiden que las licitaciones públicas se concreten, sean del sector que sean, signos que abundan en este país y que son más importantes a la hora de decidir las inversiones.
Otro factor es la falta de políticas de Estado y de largo plazo, algo de lo que adolece nuestro sector transporte aéreo, por más que la oficina del subsecretario del ramo se haya cansado de decir que “se está trabajando en ello” cuando, como en este caso, estamos a punto de darle punto final al sexenio del “empleo.
Una idea podría ser “fusilarse” el documento que se redactó y publicó en el 2001, que como es una colección de frases bonitas y buenos deseos que puede dejar contentos a los puristas y descobijados a los actores económicos, porque en la realidad pura y dura, lo expresado ahí ha servido sólo para justificar cualquier decisión, sea en un sentido o en otro.
Y ahí tenemos varios botones de muestra que sirven para ilustrar lo poco que se hizo para darle seguridad jurídica no sólo a los inversionistas extranjeros, sino a los nacionales y a los trabajadores que invierten su talento y su fuerza de trabajo en sacar adelante empresas que pueden desaparecer simplemente porque a un funcionario “ya no le gustaron”.
Tomemos como ejemplo el caso de Aviacsa. En los hechos, Aviacsa fue una empresa que durante 17 años se mantuvo apegada a las reglas del sistema. No se creó al abrigo de una moda importada que estableciera “bajos costos” por decreto, sino que verdaderamente buscó un nicho de mercado que diera opciones a los usuarios que deseaban viajar punto a punto en rutas determinadas y no muy socorridas por las tradicionales.
No tenía clase ejecutiva ni programas de viajero frecuente, pero se fue ganando la confianza de un segmento de la población, ocupando un lugar destacado en el mercado de migrantes.
Contrario a lo que ocurrió con otras empresas aéreas, creadas al vapor de intereses electorales o grupos políticos, sus trabajadores nunca se quejaron de que se les obligara a volar en condiciones de inseguridad. Más bien todo lo contrario: cuando sorpresivamente fue bajada de vuelo, los trabajadores de Aviacsa fueron sus más leales defensores. Pero ya sabemos que en el entorno actual, la opinión de los trabajadores no es considerada de la mayor importancia por las autoridades.
Esta empresa entró en concurso mercantil en su momento. Sabemos que hay muchas figuras jurídicas (como los juicios orales o el arbitraje) que aunque no pertenecen a nuestra tradición, las hemos adoptado porque se piensa que pueden ser más útiles que las que existen (como la Ley de Quiebras) o porque pueden apoyar a los instrumentos que ya se tienen (el juicio mercantil). El problema es que como se conoce poco y nuestros funcionarios públicos, de por sí ayunos del sentido de administración pública, de plano desprecian o ignoran por completo, no se apoyan desde las altas esferas del gobierno.
Esto sucedió con Aviacsa, una empresa aérea que, como tal, es producto de una concesión federal, ya que el transporte aéreo, considerado de servicio público que –como tal- corresponde a la Nación pero que el gobierno como detentador de la gestión estatal la concesiona a particulares, tiene sus características particulares.
La figura de Concurso Mercantil se adoptó porque se consideró en su momento que, para estar a tono con nuestros principales socios comerciales (como Estados Unidos) tendríamos que adoptar criterios de competitividad que potenciaran a la economía mexicana.
Así, la idea es que las empresas no se declaren en quiebra sino que entren en un proceso de reestructuración que les permita renegociar deudas que le impiden seguir adelante, cambie sus estructuras de costos y muchos modos de operación para hacerlos más eficientes y que todo ello las habilite para estar en condiciones de operar y competir adecuadamente.
Es decir, entrar en Concurso Mercantil es reconocer que esa empresa está –por decirlo de alguna manera- enferma y requiere un tratamiento. Como tal, los acreedores se avienen a negociar los adeudos para que tal empresa vuelva a operar y esté en condiciones de pagarlos.
El problema es que cuando el Estado es el principal acreedor y el que otorga la concesión que habilita a tal empresa a operar, es indispensable que se adopte un criterio de promover y ayudar a que esto sí suceda, no el estorbar para que no ocurra.
Y estorbar puede ser sencillamente ceñirse a un manualito que –para situaciones normales- sí debe aplicarse con todo rigor, pero que en el caso de una empresa en Concurso sería una manera de matarla. Regresando al símil de la enfermedad: lo que en una persona sana es mandatario (como hacer ejercicio) en un enfermo puede ser letal.
Esto ocurrió en su momento con Aviacsa, donde el manualito decía para empresas en situación normal, que era exigible el pago completo de adeudos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Benito Juárez, por la gracia de Fox) para otorgar la autorización de volar.
Desde luego, en la situación en que se encontraba tal empresa fue fatal y el resultado ya lo sabemos: no fue posible que arrancara y hoy en día tenemos ese hueco en la oferta de asientos y de oportunidades de conectividad para nuestra aviación.
Esto es falta de seguridad jurídica en sentido estricto: ¿para qué adoptar una legislación si no se va a seguir o se va a poner en segundo término de acuerdo a criterios discrecionales?
Podrán hacerse todas las apologías de la actual administración en muchos espacios. Cuanto más resuenen los elogios hoy, más se escucharán las diatribas en cuanto se acabe su espacio de poder, como ha sucedido en innumerables ocasiones antes que ésta, porque las decisiones desacertadas que se toman al amparo de la fuerza o de la discrecionalidad no soportan el juicio de la historia.
El problema es que seguimos esperando el momento de la competitividad nacional para atraer inversiones (sean extranjeras o no) a las mejores tasas por la reducción de la incertidumbre, es decir, del riesgo.
El gran reto del nuevo gobierno será sentar las bases que den verdadera seguridad jurídica, no la que se hace en el término de un sexenio desde un escritorio, sino la que nace del consenso y la verdadera visión de Estado, consensuada y con soporte de todos los involucrados. Esa sí sería una verdadera política pública.