El robo famélico, tipificado en el Código Penal Federal como delito cuando se emplea violencia o engaño, es aquel que busca satisfacer el hambre de quien lo comete. En el DF podrá pasar de una condena penal a una simple falta administrativa.

Ciudad de México.- Como una medida que busca evitar la criminalización de la pobreza, asambleístas buscarán que en el DF el robo famélico ya no sea castigado con pena de cárcel, sino que sean acreedores a una falta administrativa, incluso, se les brinde apoyos sociales por parte del GDF.

“Se les procesa el delito, por supuesto, serían remitidos al Ministerio Público pero no se les genera una imputación penal, no entrarían a la cárcel, se les generaría una especie de falta administrativa”, señaló la asambleísta panista Laura Ballesteros.

“Por otro lado, el Estado estaría obligado en darle los elementos que necesita para poder salir adelante, que hoy no lo da, y que esto genera una enorme de desigualdad en la Ciudad”, aseguró la legisladora.

A decir de Ballesteros, en el caso de que la persona reincida, perdería los beneficios y tendría que ser juzgada como delincuente.

DF, con tres Códigos para resolver delitos

Tras la aprobación del Código de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados, la vicepresidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Distrito Federal, la asambleísta Olivia Garza de los Santos señaló que para que dicho ordenamiento jurídico cumpla su objetivo en el Distrito Federal será necesario derogar el Código de Procedimientos Penales aprobado el año pasado, porque de lo contrario el DF será de la entidad que ocupara tres códigos para resolver controversias.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF apuntó que con el Código de Procedimientos Penales aprobado por la Cámara de Diputados se pretende subsanar el agotamiento e inoperancia del sistema penal mexicano, y contempla nuevos conceptos que aportarían transparencia a la impartición de justicia, sin embargo, en el Distrito Federal puede llegar a causar confusiones o contradicciones entre el Código de Procedimiento Penales local y el aprobado el día de ayer, por lo que será necesaria su derogación para evitar lagunas jurídicas.

De igual forma, Garza de los Santos  señaló que es de vital importancia trazar una ruta crítica de capacitación de las policías federales, estatales y municipales para que el nuevo ordenamiento cumpla el objetivo de brindar mayor certeza jurídica.

Finalmente, la legisladora de Acción Nacional subrayó que el reto para las autoridades judiciales, legisladores y gobierno capitalino es muy grande, ya que se debe implementar tanto el Sistema Penal Acusatorio y el Código Procesal Penal del tal forma que la impartición de justicia no sufra interferencias derivadas del proceso de implementación.

Con información de medios.