El viejo conflicto entre las tendencias federalistas y centralistas que desangró a México -igual que a las emergentes naciones americanas durante el siglo XIX- fue “superado” por la fuerza militar de los Estados. El asunto hoy continúa vigente en otras dimensiones de la vida pública. La llamada “vecinocracia” vuelve a mostrar que el conflicto entre la propiedad individual y el progreso colectivo sigue vigente.
Recordemos que el grito de independencia que se lanzó en el génesis de la naciones hispanoamericanas fue a favor de Fernando VII y en contra de la ocupación francesa en la península ibérica. Cuando el soberano abdicó, se retomó una vieja doctrina política olvidada desde el medioevo: “en ausencia de un rey, la soberanía regresa al pueblo”. Esto nos deja una buena moraleja para el día de hoy.
La proliferación de los conflictos entre juntas vecinales, autoridades municipales, comunidades indígenas, con los proyectos económicos de los gobiernos o empresas privadas evidencian la desarticulación de un proyecto de nación que se ha hecho girones por la escaza articulación interinstitucional, la falta de una visión social armónica o por obtener un beneficio rápido, sea económico o electoral.
La desatención del Estado para cumplir con sus obligaciones a veces orilla a la gente a buscar una salida a sus problemas y, como es sabido, por vetusta y feudal tradición, el narcotráfico se ha servido de ello para arraigarse en muy amplios sectores y zonas.
Ante la falta de seguridad, los vecinos ponen rejas en sus calles, las comunidades indígenas organizan su propia policía; ante el olvido de los espacios públicos, los vecinos se juntan y reforestan un parque; a falta de infraestructura, una comunidad campesina construye una cabaña que sirve de escuela, hospital o iglesia. Por otro lado, en el desarrollo de grandes proyectos económicos a veces no se contemplan los costos sociales y ecológicos.
Es necesario encontrar un nuevo pacto nacional basado en la justicia, utilizando las técnicas del diálogo, la negociación y el consenso, pero sobre todo, respetando la legalidad que emane de eso. Esto implica algunos sacrificios -toda negociación lo requiere-, pero la equidad debe regir esos sacrificios. La lógica del “pez grande se come al chico” es la ley de la selva; es decir, el abandono de toda racionalidad social y humana.
Las leyes se han inventado para promover la felicidad de una sociedad y deben ser acordes a su espiritualidad y cultura. ¿Para qué queremos leyes si no es para garantizar el buen vivir de todos los ciudadanos? La toma de decisiones ya no puede dejarse a la deriva. Resulta necesario implementar mecanismos de consulta ciudadana sobre todas las acciones que les competan, desde el presupuesto participativo hasta las consultas y el referéndum.
Para ello resulta imprescindible garantizar el derecho a la educación y a la información a toda la población para evitar caer en el reino de la ignorancia. Sólo así podremos presumir una verdadera democracia.