Ante la urgente necesidad de implementar políticas que realmente protejan los derechos elementales de las personas migrantes, especialistas y legisladoras plantean la construcción de una política migratoria funcional.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Con el objetivo de evitar que los migrantes que crucen por el país sean vulnerados en todo lo que tiene que ver con sus derechos humanos, el país tiene el reto de armonizar el concepto de movilidad humana y garantizar el pleno reconocimiento y respeto a estas garantías, “porque en este momento debemos asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho”.
Así lo expresó Adriana González, presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso, quien además señala que el Estado mexicano debe contar con instrumentos para que las personas que atraviesen el territorio no sufran abuso, ni de autoridades, ni del crimen organizado, como sucede constantemente cuando cruzan por el país.
Es por esa razón que la legisladora perredista Yesenia Nolasco Ramírez presentó hace unos días la propuesta para que las autoridades federales den a conocer los resultados del Programa Frontera Sur, pues a un año de su puesta en marcha, los migrantes siguen padeciendo agresiones y se sigue atentando contra sus derechos, señaló, al endurecerse las acciones en contra de los pasantes y sus defensores.
La gravedad del asunto se acrecienta cuando quienes padecen esta serie de violaciones a sus derechos elementales guardan silencio y no denuncian, ante el temor de ser deportados.
En este tenor, Arturo Magaña, internacionalista, destaca que las políticas de control migratorio son cada vez y las mismas ignoran el impacto del “drama cotidiano” por el que atraviesan los afectados.
Es por ello que académicos y especialistas coinciden en lo importante que es conducir estos temas a través de una política migratoria regional basada en el respeto y la protección de los derechos humanos, pues sin la cooperación regional toda esta serie de problemáticas que afectan a grupos vulnerables día con día, no se pueden atacar.
En opinión del representante de la Organización Internacional para las Migraciones-Ecuador, Rogelio Bernal, es fundamental una posición coherente y consolidada de políticas migratorias a nivel regional.
Roxana Alvarado Carreón, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, recordó un escabroso tema en la historia actual del país, la de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que, dijo, “para septiembre se cumplirán cinco años sin que se tengan mayores datos de cuál es la responsabilidad del Estado en lo que sucedió”.
Y es que la cooperación es urgente, ya que en el último año, los migrantes que llegan a nuestro país han sido víctimas de asaltos, secuestros, abusos por parte del Instituto Nacional de Migración, de la policía, además de extorsiones; sin contar con todos aquellos que desparecen o perecen en el camino.
Y la discriminación hacía los migrantes sudamericanos y centroamericanos es uno de los principales problemas; pues esa conducta negativa desemboca en toda la barbarie por la que pasan quienes se atreven a cruzar; la estigmatización que lleva a la misma; vaya, en algunos casos, estamos hablando de hasta una triple discriminación; la racial, la discriminación por orientación sexual y muchas veces, la de género; misma que se refleja también en zonas fronterizas como las del norte del país.
Por Alberto Cedeño.