El fantasma de la desaparición forzada revive tras una masacre en el norte de Venezuela tras encontrar fosa clandestina con 13 cuerpos mutilados.
Caracas, Venezuela.– El hallazgo se confirmó el fin de semana: una fosa común con varios cuerpos mutilados en Barlovento, una población costera al norte de Venezuela, muy cerca de Caracas. Los familiares de las víctimas habían denunciado su desaparición hacía un mes.
La Fiscalía investiga y los temores se reavivan.
A Carlos Gabriel Marchena se lo llevaron el 15 de octubre pasado. Un grupo de militares lo sacó de su casa sin orden de aprehensión y, desde entonces, su familia no lo volvió a ver.
“(Los agentes) llegaron en dos patrullas, se bajaron e ingresaron a la casa de mi hermana. Eso fue como a las 6:00 de la tarde”, cuenta a La Prensa Pedro Silva, uno de los familiares de las 13 víctimas encontradas en una fosa común al norte de Venezuela, en Barlovento, estado Miranda, informa.
Los cuerpos, detalló la Fiscalía, fueron hallados el fin de semana pasado. El Ministerio Público imputó a 12 militares por presunta vulneración de los derechos fundamentales, y la Fuerza Armada emitió un comunicado en rechazo a la actuación de los efectivos, degradados y expulsados de la institución por orden del presidente Nicolás Maduro.
Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, precisó el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. El temor generalizado se susurra en los pasillos:
¿Ha resucitado en Venezuela el fantasma de la desaparición forzada?
En los años 60, Venezuela inauguró la figura de las desapariciones forzadas en la región. Mucho antes de las dictaduras del Cono Sur, la naciente “democracia representativa” tuvo el poco honroso privilegio de ser la primera en adoptar la doctrina de la Escuela de las Américas: perseguir, asediar y desaparecer a todo lo que tuviera tufo a comunismo, a izquierda, explica Entorno inteligente.
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El saldo de la llamada Cuarta República fue el asesinato y desaparición de más de tres mil personas. Muchos de esos casos permanecieron engavetados y en total impunidad hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, quien ordenó que se reabrieran las investigaciones para reparar a los familiares de las víctimas y esclarecer la memoria histórica silenciada en el país.
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Por eso, el resurgimiento de la figura de la desaparición forzada en el país ha puesto en alerta a la nación, especialmente porque el contexto es distinto: esta vez, la persecución no parece obedecer a razones ideológicas sino a la estigmatización. El fuego que atiza la situación son los elevados índices delictivos.
OLP
A mediados del año pasado, el Ejecutivo lanzó un plan especial de seguridad, denominado Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para combatir el crimen en las comunidades. En sus inicios, explicó el presidente Maduro en esa oportunidad, la vista estaba puesta en “erradicar las prácticas de paramilitarismo” denunciadas por el gobierno, publica Equilibrio Informativo.
Lo que sí preocupa al jurista es que la OLP funcionara sin el acompañamiento de la Fiscalía. De hecho, en el primer comunicado emitido por el Ministerio Público se dejó clara la primera irregularidad: las detenciones ocurrieron sin que mediara una orden judicial o las personas fueran sorprendidas “en la comisión de un delito flagrante”, señala RT.
“Se trataba de personas humildes, trabajadoras, campesinos, que lamentablemente se violaron sus derechos fundamentales. Una de las víctimas que logró sobrevivir, que ahora es un testigo protegido, fue sometido a graves torturas”, precisó la Fiscal General. Ese testigo clave, contó Narváez, es quien ha dado detalles de cómo ocurrieron los hechos, delinia Miami Diario.
Hasta ahora la Fiscalía no ha dado indicios de los vínculos que conectan a los asesinados. Pero hay un denominador común: todos eran pobres, hombres y jóvenes.