Ya se ha vuelto un lugar común que la propia autoridad sea quien ejerza toda su capacidad instalada y su poder para irse en contra y vulnerar los instrumentos jurídicos y normativos –exacto!, aquellos elementos normativos que debieran proteger, hacer observar y fortalecer- que nos rigen a todos los que habitamos el territorio nacional. De hecho, se ha convertido en el lugar común de otro lugar común, como el dicho tradicional: es deporte nacional -y capitalino- vulnerar las regulaciones que rigen e impactan en nuestras –muy complejas y densas- relaciones socio-económicas-culturales-políticas y que realizamos día a día en el territorio nacional y en cada una de las ciudades que lo componen.

Ahora bien, ya es tan común que tampoco es raro ver que los ciudadanos –es decir, todos, sí, sí todos: empresarios, políticos, obreros, sacerdotes, profesionistas, estudiantes, bueno hasta quienes enarbolan el proyecto educativo nacional: los profes!- realicen actividades fuera de la regulación, más allá de lo que se ha señalado como un criterio que protege el derecho de todos de obtener los mayores beneficios del modelo en el que nos movemos –y con el que movemos nuestras vidas!-. Y la reflexión lleva a una cuestión de congruencia, de la congruencia y consistencia en relación con los valores y atributos -y atribuciones- del rol que cada uno integra a su vida y, por supuesto y por la más lógica circunstancia socio-espacial-económica que implica la vida en un territorio delimitado, a la de los demás; es, por tanto, una cuestión de (in)congruencia con los valores, criterios e instrumentos que constituyen nuestro marco de acción: la necesaria e impostergable integración entre lo teórico -el conjunto de ideas e ideales de una actividad- y lo práctico -el conjunto de acciones y decisiones ejercidas en la compleja realidad ciudadana.

En este sentido y en este marco físico, curiosa y desafortunadamente, la congruencia no ha sido una idea o, podemos decir, un ideal que proteger, enarbolar y pre(a)sumir. Curiosa y desafortunadamente, también, son los grupos más radicales y nocivos quienes han logrado tener mayor congruencia entre sus ideas e ideales con la -deleznable- praxis que realizan, grupos más congruentes con sus ideales y ‘valores’, porque no andan predicando legalidad para luego vulnerarla, no andan predicando compasión para luego vulnerarla, no andan predicando desarrollo y beneficio general y social para luego vulnerarlo, no andan predicando la construcción de nuevos modelos de aprovechamiento sustentable del territorio para luego vulnerarlos.

Suspenden norma de vivienda popular

Luego de detectar que desarrolladores inmobiliarios han utilizado la Norma 26 –creada para construir vivienda de interés social- para edificar departamentos de lujo, el Gobierno capitalino suspendió su aplicación hasta el 31 de diciembre próximo.

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Por separado, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que el uso incorrecto e indiscriminado de la Norma 26 derivó en la suspensión para tener una revisión detallada de la misma.

“Se comenzaba con un proyecto amparado con la Norma 26 y terminaba totalmente fuera del rango de lo que es interés social y pasaba a otro tipo de vivienda, por eso hoy el GDF suspenden esta Norma”, explicó Mancera.

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Esta es la segunda vez que se suspende su aplicación, pues en octubre del 2012 fue congelada por 60 días, en tanto se revisaban expedientes de casos detectados donde se abusaba de la norma.

En conferencia de prensa, Simón Neumann, titular de la Seduvi, comentó que previo a esta disposición se sostuvieron pláticas con diferentes actores de la Asamblea Legislativa y desarrolladores, en las que se concluyó que era momento de suspenderla.

“Sabemos que ha habido mucho abuso en el sentido de la Norma 26”, dijo.

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REFORMA, Ciudad. Lunes 19 de agosto de 2013

Resulta, en este mismo sentido, muy desafortunado que el Gobierno del Distrito Federal sea quien, en vez de sancionar ejemplarmente a quienes vulneran los instrumentos de planeación del desarrollo urbano de la ciudad y, en particular, de aquellos que fomentan la construcción de un modelo de ciudad más compacta, socialmente responsable, diversa y sustentable -como lo es la Norma 26 por su naturaleza económica y territorial-, sea el mismo gobierno quien vulnere sus propios instrumentos. En lugar de condicionar su uso por el abuso que se ha hecho de ella, lo que en realidad se requeriría sería ejecutar el conjunto de sanciones a quienes hicieron un uso inadecuado de la misma, dejando claro que el GDF no permitirá que se vulneren y mal utilicen sus instrumentos legales e implementar un conjunto de clausuras, demoliciones y lo que sería aún mejor –y en congruencia y concordancia con el espíritu de la Norma 26- un conjunto de expropiaciones, a favor del GDF y, por lo tanto, a favor del parque habitacional de los programas de vivienda de interés social y popular de la ciudad, para todos aquellos desarrolladores que han hecho mal uso de la norma y dejar claro, a desarrolladores, promotores, constructores, gestores, DRO e inversionistas, que el GDF está a favor de la legalidad y, por supuesto, de la construcción de vivienda de interés social y popular en la ciudad de México.

La incongruencia e inconsistencia de la actuación del gobierno, deja en entredicho su relación con el  conjunto de casos de ilegalidad y, en vez de castigar a los responsables de su inadecuado uso –que es lo que todos estamos esperando-, se castiga a miles de familias que se veían beneficiadas por los desarrollos habitacionales que se construyen al amparo y al uso legal y adecuado de la Norma -como dice el viejo y clásico refrán: pagan justos por pecadores!

Es una muy mala señal del Gobierno, porque es el único instrumento de fomento a la vivienda de interés social y popular en la ciudad de México que, por si fuera poco, apoya y fortalece consistente y congruentemente el discurso político del GDF sobre la necesidad impostergable de avanzar hacia una ciudad más compacta y vertical –y, además, socialmente responsable, diversa, mixta y sustentable- y, cabe recalcar que, la integración de acciones de equipos e inversionistas privados en el territorio de la ciudad es fundamental para mitigar el déficit de vivienda en el DF –al fin y al cabo, el Invi requiere del apoyo de los constructores privados que ofertan vivienda que puede ser adquirida con otros fondos como el Infonavit o el Fovisste, para resolver la demanda de vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México. Porque, no vaya a ser que, el resultado de las deliberaciones políticas sea precisamente liberar el tope del valor de la vivienda –que, precisamente, el valor máximo de venta de la vivienda de interés social y/o popular es la condición sine qua non para garantizar el acceso de este tipo de vivienda a los grupos más vulnerables de la ciudad y, aún más importante, dentro del territorio de la ciudad- destruyendo, de esta forma, el espíritu de la misma.

Lo que se requiere, más allá de politizar la norma -después de 3 años de trabajo con los grupos sociales!! y los desarrolladores se logró votarla a favor en la ALDF y se publicara; y en menos de un año, por el manejo ilegal de la misma, por un grupo de desarrolladores, el propio GDF la echa abajo!!…y volverla a llevar a manos de los grupos sociales y los desarrolladores insaciables-, lo que se requiere es complementar e integrar, en la Ley de Desarrollo Urbano o en la propia Norma 26 las sanciones -ejemplares, para que nadie intente vulnerar- para desincentivar su mal uso. Por ejemplo, se podría sancionar su mal uso vía la expropiación de dichos desarrollos para integrarlos como parte del patrimonio de la ciudad y, de esta forma, insertarlos como componentes de la oferta de vivienda que promueve la Norma 26: vivienda de interés social y popular; de esta forma, quienes vulneren la norma en realidad estarán construyendo, en cualquier caso, vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México, que es lo que se desea, que es precisamente la naturaleza de la Norma y, de esta forma, el GDF estaría fortaleciendo sus instrumentos, regulaciones y sus programas de gobierno.

Alerta demanda de viviendas

El crecimiento demográfico del presente al año 2050 implicará la necesidad de aumentar el parque habitacional en 11.5 millones de viviendas, de acuerdo con un estudio de BBVA Research.

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Las nuevas proyecciones demográficas indican que de 113.5 millones de habitantes en 2010 se pasará a 150.6 millones para mediados de siglo.

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El crecimiento poblacional se concentrará en las áreas conurbadas.

“En 2030 uno de cada cuatro habitantes vivirá en alguna de las 30 ciudades más importantes…”

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estima que, para atender el crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares, en los próximos 20 años se requerirán 10.8 millones (de) “soluciones de vivienda”.

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REFORMA, Nacional. Sábado 24 de agosto de 2013

Y, ahora, podríamos decir -a posteriori-: Mientras tanto en ciudad Gótica…, nos quedamos sin la norma que incentiva y fomenta la construcción de vivienda, particularmente de interés social y popular, en la ciudad de México! Además, cabe mencionar y aclarar que –para que se enteren los que parece ser que no se enteran nunca-, toda vez que la norma es solamente un incentivo normativo a este tipo de vivienda, que ofrece el Gobierno, sería muy conveniente conocer qué es lo que tienen que ofrecer los desarrolladores de vivienda –exacto, aquellos que, en vez de ‘emprender’ acciones de modernización y mejoramiento constructivas, administrativas y financieras para mejorar, no sólo su utilidad, sino el beneficio a los habitantes en el tema habitacional, se circunscriben en el grupo de los que han vulnerado la norma-, para completar el sistema integral del nuevo modelo de construcción de vivienda de interés social y popular en la ciudad de México, un nuevo modelo que incorpore el incentivo en el mejoramiento y modernización de los componentes constructivos, administrativos y financieros de la totalidad del proceso, como una parte fundamental de la implantación de los nuevos modelos y esquemas de vivienda para la ciudad, para lograr transitar, en equipo y congruentemente, hacia una ciudad más habitable, más digna, mas inteligente y más bella, hacia la materialización de nuevas formas de colaboración social-pública-privada para la solución del déficit de vivienda y hacia su mejoramiento y modernización.  

Por cierto, de Michel Foucault, y para reforzar las ideas vertidas –pero no ejercidas-, recomiendo el libro Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión, publicado en 1975; y que reflexiona sobre el conjunto de instrumentos sociales y teóricos –ideológicos- que alimentan los cambios –administrativos, operativos y físicos- de los sistemas penales occidentales en la era moderna. Particularmente, para mis discípulos ávidos del conocimiento teórico –del mundo de las ideas- que subyace a los componentes físicos de la realidad real.