La entrega anterior de esta columna celebraba la existencia de leyes que, en México y en el mundo, exigen a gobiernos y empresas comunicarse de una forma clara y sencilla con los ciudadanos o con sus clientes. Estas leyes, sin embargo, están muy lejos de ser suficientes para provocar un cambio en las formas de comunicación de las personas obligadas por la propia ley.

Por ejemplo, en la pantalla inicial del Sistema de solicitudes de información (Plataforma Nacional de Transparencia), uno se topa con esta “explicación” sobre cómo la plataforma funciona óptimamente, pero no tanto como para cumplir con los tiempos de atención establecidos:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]En virtud de las mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mismas que se encuentran en un periodo de prueba y actualización, la Dirección General de Tecnologías de la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, identificó que el aplicativo de la PNT se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento, y derivado a un componente tecnológico de comunicaciones que impacto en el sistema de virtualización de servidores, se generó una degradación en el desempeño de la plataforma, mostrando lentitud Y dificultades para acceder a la misma, es por ello que se suspenden los plazos establecidos para todos y cada uno de los tramites, procedimientos y demás medios de impugnación, competencia de los sujetos obligados del ámbito federal, realizados a través de la Plataforma Nacional, en los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, como de sus correspondientes medios de impugnación. Lo anterior, para el día 08 de abril de 2019. (Fuente: https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action consultada el 22 de junio de 2019).[/box]

¡Qué poco se cuida el lenguaje en una plataforma que pretende servir a la transparencia! El párrafo anterior es un buen ejemplo de redacción obscura y difícil de entender: oraciones largas, sujetos escondidos, formas pasivas, tecnicismos innecesarios, palabras domingueras, estructura rebuscada y errores de ortografía. ¿Se vale que servidores públicos vinculados con la transparencia se dirijan a nosotros de esta manera? La propia Ley de Transparencia diría que no, pero ¿qué decimos los ciudadanos afectados?

La triste verdad es que, en la mayoría de los casos, no decimos ni hacemos nada. Toleramos la información inentendible, asumimos compromisos sin conocer sus implicaciones, firmamos documentos (o damos clic en “aceptar”) sin intentar siquiera leerlos y entenderlos antes. La información incomprensible está normalizada y rara vez se nos ocurre cuestionarla o preocuparnos por ella.

Los países más avanzados en temas de lenguaje claro se distinguen por la presencia de organizaciones sociales e iniciativas públicas y privadas orientadas a construir el derecho a entender. Las leyes surgen y funcionan porque ciudadanos y organizaciones trabajan para construirlas e implementarlas. Algunos ejemplos:

• Plain Language Asociation Internacional, organización canadiense, promueve el uso de lenguaje claro en Canadá y en el mundo (https://plainlanguagenetwork.org/).
• Plain Language Action and Information Network (Plain), organización de servidores públicos estadounidenses, que promueve el uso de lenguaje claro en el gobierno federal (https://www.plainlanguage.gov/).
• Center for Plain Language, agrupa a profesionales que promueven el lenguaje claro en el gobierno, la academia y las empresas (https://centerforplainlanguage.org/).
• Plain English Campaign, organización inglesa que lucha por la comunicación clara y transparente (http://www.plainenglish.co.uk/).
• Clarity, asociación internacional que promueve el lenguaje legal claro (https://clarity-international.net/).
• Scribes, The American Society of Legal Writers, asociación de abogados norteamericanos que promueven el lenguaje legal claro (https://www.scribes.org/).
• Redes de lenguaje claro en Chile, Argentina y Colombia, agrupan a instituciones públicas y privadas que promueven el lenguaje claro (http://www.lenguajeclarochile.cl/, https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentaron-la-red-argentina-de-lenguaje-claro,  https://www.dnp.gov.co/Paginas/Colombia-crea-la-tercera-Red-de-Lenguaje-Claro-de-Iberoam%C3%A9rica.aspx).

Estas organizaciones construyen el derecho a entender a través de diferentes iniciativas, tales como:

• Promueven el uso de lenguaje claro en gobiernos y empresas,
• Desarrollan y difunden técnicas y estándares para construir contenidos claros y sencillos,
• Reconocen a emisores de información clara y denuncian a emisores de información complicada,
• Facilitan el encuentro y la colaboración entre profesionales del lenguaje claro en diferentes sectores y lugares del mundo y,
• Difunden explicaciones claras de leyes y otro tipo de información útil para los ciudadanos.

Entre 2004 y 2006 se implementó en México la iniciativa de “Lenguaje Ciudadano”, con el fin de que los servidores públicos usaran un lenguaje claro y sencillo para comunicarse con la ciudadanía. Aunque se trató de una iniciativa gubernamental, provocó el interés y la participación de organizaciones ciudadanas. Parecía entonces que nuestro país sería vanguardia y referencia en la aplicación de lenguaje claro en América Latina. Sin embargo, el tema se dejó atrás y otros países de la región han logrado ya más y mejores resultados. Creo que ahora es un buen momento para volverlo a tomar.