Ya el tiempo reflejará los resultados de esta reforma que en inicio es claro que no resolverá los problemas que por tanto tiempo hemos venido arrastrando.
Ciudad de México.- En México nuestro sistema de justicia ha dejado mucho que desear, por un lado una gran impunidad por la que hoy se vive una grave inseguridad y por el otro, una cantidad de personas inocentes que o han sido declaradas culpables o como es el caso de la gran mayoría, esperan largo tiempo una sentencia en prisión preventiva.
En el año 2008 se reformó la Constitución Federal de nuestro país como cumplimiento a la exigencia de la ciudadanía de contar con un sistema penal más justo, transparente, eficaz y eficiente. La propuesta de este nuevo sistema procesal pretende proteger de mejor manera los derechos y las garantías de todos los implicados, reforzando aquellas de los procesados al garantizarles la calidad de las resoluciones de los juzgadores y la velocidad en la substanciación de dicho procedimiento. Esta reforma constitucional es de suma importancia no sólo respecto del impacto positivo que se tendrá en la estructura jurídica de nuestro país, sino también llevará sus beneficios a la economía nacional ya que la fortalecerá al garantizar una mejor administración e impartición de justicia, puesto que inversionistas tanto nacionales como extranjeros tendrán más confianza en nuestro país.
Este sistema privilegia los derecho humanos y la presunción de inocencia del probable responsable con la intención de no castigar a nadie sino hasta que se demuestre que es culpable; prevé medios alternativos de solución de conflictos como la mediación, para no saturar a la autoridad jurisdiccional dando la oportunidad de que sólo conozca de aquellos asuntos que son de trascendencia para la sociedad; da transparencia en la substanciación de los procedimientos ya que el juicio será público otorgando la oportunidad de ventilar lo sucedido a todo aquel que esté interesado; otra bondad de la reforma es que contempla la reparación del daño y todo por supuesto habrá de ser con estricto respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren implicados. Aunque el hecho de que los juicios sean públicos podría atentar en contra de los derechos humanos de los indiciados.
El próximo año entrará en vigor este nuevo sistema de justicia penal. A lo largo de estos años previos se ha realizado un esfuerzo enorme para capacitar a todas las autoridades implicadas, y se ha exigido y procurado que todos los litigantes estén de igual forma capacitados para ejercer profesionalmente en este nuevo procedimiento penal.
Todas las policías del país se han ido preparando, sobre todo en la llamada cadena de custodia que entre otras cosas contiene la debida preservación del lugar de los hechos y de las pruebas relacionas con la comisión del ilícito; se han restado facultades al ministerio público con la intención de no monopolizar de manera absoluta la investigación, exigiéndole mayor tecnicidad en sus actuaciones y, finalmente, distribuido las cargas de competencia de la autoridad jurisdiccional en tres jueces.
Ha sido una importantísima y basta labor la capacitación de todas las autoridades, así como la difusión a la ciudadanía de este nuevo sistema, mismas que han sido gracias a la incansable labor, principalmente, de todos los que laboran en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, bajo la dirección de la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, quien incansablemente se ha esforzado por hacer posible, en coordinación con todas las autoridades implicadas, los importantes avances que al día de hoy se tienen.
Ya el tiempo reflejará los resultados de esta reforma que en inicio es claro que no resolverá los problemas que por tanto tiempo hemos venido arrastrando originados por el obsoleto e ineficaz sistema penal que tenemos actualmente, pero lo que sí logrará casi de manera inmediata es abatir el rezago respecto de la administración e impartición de justicia que por años hemos sufrido, así como generar una mayor confianza, principalmente en la ciudadanía respecto de nuestro sistema de justicia penal.
Por último, es preciso enfatizar que en el corto plazo y aunque este sistema penal pudiera funcionar a la perfección, la inseguridad pública no disminuirá; para que esto suceda, sociedad y gobierno tendremos que seguir esforzándonos en una mayor cultura de la legalidad.
