La posible politización en la sustitución de dos magistrados salientes de la Suprema Corte ha causado que distintas voces aboguen por la transparencia en la designación de los mismos, así como mantenerla limpia de cualquier fuerza política.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Dos de los asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido la manzana de la discordia entre las fuerzas políticas de oposición los últimos días.
El máximo órgano de justicia lleva mucho sin la presencia ni la esencia de los partidos; el descontento alrededor del tema tiene que ver con la posibilidad de que los lugares podrían ser ocupados por personajes cargados políticamente y no por juristas, como lleva sucediendo un largo tiempo.
De la Suprema Corte se van Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza; de los que suenan para esta sustitución son Raúl Cervantes (del PRI) y Germán Martínez (del PAN).
Al respecto especialistas e investigadores instaron al Senado de la República a participar con transparencia y equidad en esta asignación, es decir, sin cuotas partidistas ni amiguismos en lo que supone la elección de los ministros de la SCJN. Denise Dresser, declararía que:
No puede ser una Corte de cuotas y cuates, una Corte con militantes de partidos políticos o amigos”.
Al mismo tiempo, se hizo entrega de un documento signado por 21 mil ciudadanos para que en las propuestas que enviará en noviembre el Ejecutivo Federal no se incluya a figuras políticas y se respete la equidad de género.
Por su parte, Ricardo Anaya, actual Presidente Nacional del Blanquiazul dejó claro que deben privilegiarse los perfiles profesionales y el conocimiento jurídico evitando la politización de cualquier fuerza en este proceso; en el mismo tenor, Armando Ríos Piter, del Sol Azteca, dejó claro que los perredistas presentarán una iniciativa para garantizar la independencia y autonomía en el nombramiento de los magistrados.
Alejandro Encinas habría mencionado que no existen garantías de que en esta designación no haya reparto de cuotas y clarificó que, más allá de una negociación entre PRI y PAN, el riesgo latente es que quienes sean asignados para sustituir a los salientes sigan la línea de los grupos de interés de quienes puedan promoverlos, por lo que lo importante, dijo, es que esta propuesta no debe hacerse por mano del ejecutivo federal sino por un proceso abierto de promoción, convocatoria y audiencia pública.
Distintos académicos y periodistas publicaron 10 preguntas dirigidas al Presidente de la República sobre esta próxima designación, recalcando la importancia de la transparencia en este proceso, además de la formación de los candidatos y su experiencia en derechos humanos.
