Es claro que el enfoque de protección a las personas debe estar basado en el respeto a los derechos humanos, sin olvidar que también todos tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades.
Recientemente han surgido en México diversas discusiones sobre la vigencia de los derechos humanos, en particular a raíz de los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su reciente visita a México.
Más allá de la discusión que han provocado estos señalamientos, cabe destacar que el Estado mexicano ha tomado decisiones fundamentales en la materia. Así, destaca la articulación de una estructura institucional que va desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1990 y el establecimiento de las instituciones públicas en la materia en las entidades federativas; la elevación a órgano constitucional autónomo de la CNDH en 1999 y muy especialmente la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, la más trascendente modificación a la norma suprema desde su promulgación en 1917. Esta reforma cambia el paradigma del Estado y el sistema jurídico mexicano de establecer el respeto y la protección a la dignidad de la persona humana como centro y objeto final del Estado y el Derecho en México. Todas estas han sido decisiones estratégicas del Estado mexicano.
Pero más allá de los avances institucionales falta un largo recorrido para modificar la realidad del país, en la que hay avances y retrocesos, en materias como salud, seguridad pública, migrantes, asuntos de la mujer, pueblos y comunidades indígenas, entre muchos otros temas. Sin duda, uno de los más urgentes es la solución al problema de la seguridad pública, vulnerada en particular en regiones afectadas por el narcotráfico. La agenda pendiente es amplia y va desde la revisión del marco jurídico hasta la permanente actualización de los protocolos de actuación de la fuerza pública.
La vigencia del Estado de Derecho, en cuyo centro se encuentra el pleno respeto a los derechos humanos, es la condición necesaria y urgente para lograr un sólido desarrollo social y económico sustentable que nos permita volver a crecer con equidad, acabar con la pobreza y reducir la desigualdad. Este esfuerzo debe efectuarse en todos los niveles y comprende desde abatir la violencia que genera el crimen organizado como la erradicación de la impunidad que en materia de justicia cotidiana afecta a buena parte del país, hasta el combate efectivo a la corrupción.
Pero también hay otros temas igualmente trascendentes que están poniendo en riesgo el futuro no sólo del país, sino de la humanidad en su conjunto que debemos ver con el enfoque apropiado. Es el caso del cambio climático visto como un derecho humano. Como señala Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile, en un reciente artículo. Así, señala Lagos, lo que está en riesgo es la supervivencia del ser humano en el planeta. No se trata sólo de adoptar medidas para mitigar el impacto y tratar de llegar al 2050 con un planeta vivible. Se trata también de definir cómo proteger a quienes sufren más las consecuencias aunque no hayan creado las causas. Por tal motivo, es importante asumir que la interacción cambio climático-pobreza es un dato ineludible de la realidad. Al sostener que el deterioro del medio ambiente afecta los derechos humanos, se trata de cuestiones concretas: el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud, entre otros, así como a las cada vez más frecuentes migraciones por desastres ambientales.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) permanecen en la atmósfera entre 100 y 120 años. Es decir, las emisiones de hace 100 años están todavía en la atmósfera. Los países más desarrollados son los que tienen una mayor cantidad de emisiones acumuladas en la atmósfera. Pero los efectos se sienten con mayor fuerza entre la población más pobre.
Es importante insistir que de no limitarse el aumento del calentamiento global, los riesgos de desastres para la humanidad se incrementarán en forma significativa. Es claro que todos somos responsables, pero la imputación de las causas es diferente para cada país y región del mundo. La introducción de la idea de la justicia en las negociaciones es tener claridad de las tareas pendientes de unos y otros, así como de sus carencias y demandas. Pronto, no sólo se medirá el ingreso per cápita, sino también el nivel de emisiones de GEI por habitante. La Cumbre de París a finales de año será fundamental en la adopción de compromisos.
Pero también es necesario erradicar la pobreza para lo cual hay que generar crecimiento económico sin contaminar ni destruir la naturaleza. Hay que efectuar esta transformación global de manera sustentable, teniendo siempre presente que en el centro de este esfuerzo está la protección del ser humano.
En suma, debemos detener la destrucción de la naturaleza y el deterioro del ambiente si queremos preservar la vida humana en el planeta, pero no para que todo siga igual en términos sociales, sino para construir sociedades más equitativas. Pero no debemos olvidar que la única forma de hacerlo con solidez y perdurabilidad es a través de la preservación de las libertades y en el marco de un eficaz Estado de Derecho.
Es claro que el enfoque de protección a las personas debe estar basado en el respeto a los derechos humanos, sin olvidar que también todos tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades.
