Las resistencias al cambio de los principales grupos de poder en el país y los procesos internos para la elección de liderazgos nacionales en el PAN y el PRD han retrasado y dificultado la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales, avaladas en el Congreso de la Unión el año pasado gracias al Pacto por México.
Las resistencias de los intereses creados durante décadas buscan modificar las propuestas esenciales encaminadas a una mayor competencia económica para generar condiciones de mayor competitividad global en México. A principios de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró “agentes económicos preponderantes” a América Móvil y a Televisa en sus respectivos mercados, lo que significó un paso muy importante para generar condiciones de mayor competencia económica.
Tanto los “cabilderos” de Grupo Carso como los de Grupo Televisa presionan en el Congreso de la Unión para tratar de modificar la ley secundaria de la reforma de telecomunicaciones y difunden en los medios de comunicación ataques y descalificaciones para confundir a la opinión pública.
Y es que el negocio es enorme y los privilegios también. Por ejemplo en el sector de telecomunicaciones, donde están en juego negocios por cerca de 35 mil millones de dólares, a partir de ayer domingo las empresas Telmex y Telcel (propiedad de Carlos Slim) están obligadas a disminuir los costos de conexión con lo cual América Móvil reducirá 37 por ciento sus tarifas de interconexión (“el que llama paga” y “llamada entre redes” entre otras) mejor conocidas como roaming, que le provocarán pérdidas por 12 mil 577 millones de pesos este año.
Otro caso de privilegios: como resultado de la reforma educativa, la semana pasada la SEP y el INEGI dieron a conocer el primer censo escolar que reveló que hay 39 mil 222 aviadores en la nómina de la SEP y 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia, así como 113 mil 259 personas ubicadas en “otro centro de trabajo” y 114 mil 998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron. En total, se detectó que el 13 por ciento de las plazas magisteriales en centros de trabajo no tienen sustento o no deben de estar en las bases de datos.
Los miembros de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se opusieron al censo en el estado de Oaxaca porque es la entidad donde se registra el mayor número de desviaciones. Por su parte la nueva dirigencia del SNTE debe revisar las estructuras de privilegios heredada por la maestra Elba Esther Gordillo.
Las reformas estructurales abren a la competencia y sacan a la luz las desviaciones e ineficiencias de un sistema añejo con exceso de privilegios y cuotas de poder sostenido a costa de los recursos del erario público, de altas tarifas y de malos servicios.
En el sector energético, sin duda la reforma es “la más trascendente” de todos los cambios constitucionales que México ha venido haciendo los últimos meses porque representa una plataforma importante para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleos y el desarrollo del país.
Hoy el ambiente político del país se encuentra en un momento de grandes definiciones. Las leyes secundarias de las reformas estructurales (telecomunicaciones y energética) están en plena etapa de negociación y requieren consenso de las fuerzas políticas para aprobarlas con la legitimidad adecuada a las condiciones políticas actuales. Sin embargo, los procesos internos para la renovación de mandos nacionales en el PAN y el PRD dificultan los arreglos porque sus jaloneos provocan situaciones de conflicto que elevan los costos de negociación de las leyes secundarias en el Congreso. El riesgo es que se sigan manteniendo los privilegios de los poderes fácticos legales e ilegales.
