En la ALDF aseguraron que el compromiso es con la ley y la justicia, con la gobernabilidad democrática y con las instituciones.
Ciudad de México.- Al participar en la Inauguración Foro del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias (presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF) se comprometió a mantener en todo momento la atención al desarrollo del proceso de implementación de los juicios orales y de la aplicación de este nuevo Código.
El legislador señaló que la ALDF está en la mejor disposición de adecuar las normas locales y mantenerse a la vanguardia a nivel nacional.
“Nuestro compromiso es con la ley y la justicia, con la gobernabilidad democrática y con las instituciones, porque sólo de esta forma mantendremos vigente el estado de derecho”, dijo.
Recordó que el cinco de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales que repercutirá directamente en las actividades de procuración y administración de justicia penal que llevan a cabo la policía, el Ministerio Público y los jueces.
Agregó que con el Código Nacional de Procedimientos Penales se pretende una vez por todas, garantizar la vigencia de los derechos de los actores del drama penal y fortalecer el Estado.
“El nuevo ordenamiento adjetivo presenta novedosos factores sustanciales que protegen a la víctima, promueve el respeto irrestricto a sus derechos, otorga al probable responsable la presunción de inocencia, procuran la reparación del daño a las víctimas y sobretodo generan las condiciones jurídicas adecuadas para el respeto del debido proceso”, añadió.
En este sentido, Granados Covarrubias subrayó que tendrá que poner énfasis en la preparación teórica y práctica de la policía en virtud del relevante papel que desempeñarán en investigación, acreditación de los hechos y en la responsabilidad en la cadena de custodia, todo vez que se requiere de policías preparados con convicciones éticas y conscientes de la responsabilidad social y del trabajo policial.
“Estamos ante una nueva etapa en la historia del derecho penal mexicano, una etapa que significa avances en el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados para hacer efectiva la vigencia del derecho y consolidar la credibilidad de las instituciones de procuración y administración de justicia penal”, finalizó.
