En medio de un amplio debate si la economía mexicana se encuentra en recesión o no, finalmente el Banco de México (Banxico) ha ajustado a la baja el crecimiento anual esperado del Producto Interno Bruto (PIB), de un rango de 3-4% a 2.3-3.3%. Lo mismo hará, en consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a partir del informe del INEGI sobre el crecimiento observado en el primer trimestre del año. Crecimiento estimado extraoficialmente por un Subgobernador del Banxico en 0.6%, lo que arrojaría un crecimiento anualizado de alrededor del 1% (Reforma, viernes 23 de mayo de 2014).
Tal ajuste inicial se da en el contexto de la información difundida por el diario Reforma (jueves 22 de Mayo, 2014) que, de acuerdo al reporte de Competitividad Mundial del Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo, México en un solo año retrocedió nueve lugares en su “habilidad para crear y mantener un ambiente propicio para los negocios”. En desempeño económico cayó del lugar 14 al 18; en eficiencia gubernamental del 29 al 41 y en infraestructura del 49 al 51. Con ello se alcanzó el ranking 41, contra 32 del año pasado, en la clasificación de un conjunto de 60 países evaluados.
Las cifras citadas, como muchas otras más, por ejemplo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (MB) evidencian una coyuntura adversa para la economía nacional que se agrega al estancamiento secular experimentado desde hace más de seis lustros, tal como se ha señalado en este espacio. En tanto se ha insistido oficialmente que los “fundamentos” de la economía están fuertes y sanos, el crecimiento del PIB y la generación de empleo resultan harto insuficientes para la creciente pobreza del país.
Así, el desencanto internacional parece una vez más estar presente, dado que “El enfriamiento económico vuelve a impedir el despegue de México” (El País, Edición América, 21 de mayo, 2014). Esto, a pesar de las expectativas positivas que el cambio de gobierno y sus reformas económicas inicialmente despertaron, al amparo de la profundización de la visión económica que ha prevalecido prácticamente desde 1995.
En este contexto, América Latina en los 2000’s retornó al crecimiento después de casi un cuarto de siglo de estancamiento y de bajo crecimiento económico, a pesar del impacto de la gran recesión en los Estados Unidos (USA). “Desde 1980-2000, el PIB per cápita creció sólo 7.7 por ciento o 0.4 por ciento anualmente. Esto comparado a 91.5 por ciento de crecimiento o una tasa promedio anual de 3.3%, para los previos veinte años (1960-1980). En los 2000’s, el crecimiento alcanzó una tasa promedio anual de 1.9 por ciento no cercana a su promedio de antes de 1980, sin embargo fue un mejoramiento significativo. La tasa regional de pobreza también cayó fuertemente por primera vez en décadas, de 40 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 2013” (Latin American Growth in the 21st Century: The “Commodities Boom” That Wasn’t, By David Rosnick and Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research, May 2014).
Obviamente, este agregado regional positivo contrasta con lo logrado por México. En 2013 México alcanzó una tasa de crecimiento de únicamente 1.1% del PIB, por abajo del promedio observado para América Latina. Aún más grave, en los últimos años, el porcentaje de población en pobreza ha crecido, contando el país con uno de los porcentajes en la materia más elevados de la región. El crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza, es decir el desarrollo de Brasil, Perú, Ecuador, únicamente por nombrar a los países más significativos, ha sido sustancialmente superior al mexicano. Países que se han abocado a promover y apoyar el crecimiento económico y no sólo a administrar la economía.
La mayoría de los países de Latinoamérica han establecido claras políticas de apoyo y protección a su planta productiva, a la par que se han abierto a los mercados internacionales. Lo que les ha permitido insertarse activamente en la globalización, con una mayor producción y generación de empleo. Situación que ha estado ausente en el caso mexicano, a pesar de haber enfatizado sus afanes de estabilidad macroeconómica.
Un claro ejemplo de políticas de protección de la planta productiva lo constituyen la reticencia de Brasil y Argentina en 2012 para cumplir con el acuerdo con México para la exportación de automóviles desde tierras aztecas. Así, en tanto esos países protegieron su “industria nacional”, propiedad de empresas transnacionales, México aceptó sin mayor reclamo comercial tal conducta proteccionista, que contraviene el mantra liberal del comercio internacional.
Obviamente, desde la visión económica que ha prevalecido desde hace 20 años, la posición oficial Mexicana fue que tal conducta anti-comercial iba en contra de la eficiencia de los mercados. Visión simplista que choca con la realidad económica. Mientras las expectativas de exportaciones mexicanas a esos mercados se cancelaron, la planta productiva automotriz de Brasil y Argentina no fue afectada. Con ello quedó visible el contraste de resultados productivos entre la prescripción económica predominante en México y una política nacional pertinente para el crecimiento.
Prácticamente desde 1995 las políticas públicas nacionales se han orientado a administrar la economía, sin mayor consideración del crecimiento auto-sostenido y del desarrollo nacional. Se ha partido de una serie de supuestos heroicos implícitos, especialmente de que el país cuenta con las instituciones que requiere una economía de mercado y que el aparato productivo puede ser comandado y atendido automática y eficientemente por un sector privado desarrollado. Nada ha estado más fuera de la realidad, como incontrastablemente lo patentizan la estructura productiva y la baja eficiencia de los mercados en México.
En la materia considérese la estructura oligopolizada que las concesiones públicas de televisión y telefonía ha constituido y que amenaza con prevalecer un buen número de años más. Lo mismo ha acontecido con concesiones de carreteras, puentes y, en general, proyectos públicos y privados que sin control alguno impactan adversamente costos y precios. Dentro de tales ejemplos no puede faltar la privatización del agua y pronto veremos el efecto sobre precios de la desregulación de los combustibles y la energía eléctrica.
Todo parece indicar que desde hace 20 años las políticas públicas han tenido como prioridad administrar la economía, para que por la vía de los intercambios de bienes y servicios el país crezca y oriente su aparato productivo. Tal política ha terminado simple y llanamente por promover desde “changarros” hasta ingenuas pretensiones de “emprendedores”. Pretendiendo que todos pueden ser empresarios y sólo falta la decisión para lograr ese cometido, generando un estancamiento secular del país. Todo ello ha generado un amplio desperdicio de recursos públicos, olvidando la capacitación técnica real, más allá de la administración empresarial, el financiamiento, las facilidades fiscales, la infraestructura, el desarrollo de mercados, ente otros aspectos estratégicos empresariales.
La administración económica y la liberación de los intercambios comerciales han llegado al extremo de permear al interior del propio sector público. Por ejemplo, el INEGI cobra la provisión de sus servicios a las mismas dependencias e instituciones federales. Los bancos de fomento e instituciones financieras públicas no sólo buscan mantener su capital, sino inclusive reproducirlo con prácticas financieras que pueden rallar en el agio. Ello hace que la “intermediación” financiera por créditos fondeados en el extranjero termine resultando dos o tres veces por arriba de la tasa de interés primaria.
La administración de Pemex resulta emblemática, con varias empresas a su interior, hacen redundantes sus propios aparatos administrativos y de control. Amén de sus fideicomisos fuera de control, varios de ellos constituidos en paraísos fiscales. Muchos más ejemplos podrían darse del área de “negocios” públicos desarrollados en los pasados doce años, como serían, se dice, los servicios que presta FONATUR en materia de construcción o el ISSSTE, que a través de una “subsidiaria” participó en licitaciones públicas en 2012.
La administración pública de la economía ha impedido aceptar la necesidad de políticas sectoriales específicas. Baste recordar a un Secretario de Industria y Comercio de los 1990’s que pregonó que la mejor política industrial era la que no existía; hecho que hoy escandalizaría a los gobiernos de Francia, el Reino Unido y probablemente de USA, a la luz de la pretendida fusión de empresas farmacéuticas.
La política pública prevaleciente también ha impedido establecer una estrategia de inversión y gasto público funcionalmente orientada al crecimiento. Considérese, como otros muchos más casos económicos factuales, que México siendo una potencia automotriz latinoamericana permite que entren vehículos usados de USA que no cumplen con las más mínimas especificaciones de producción y seguridad nacional. La internación de ese tipo de vehículos es del orden de medio millón al año, significando una gran contaminación en las zonas fronterizas, un mayor “subsidio” promedio de combustible que el otorgado a los vehículos nacionales y un desperdicio de recursos privados.
El crecimiento económico implica una participación activa del gobierno. Aún en las economías desarrolladas se protege a la planta productiva y al empleo, se alienta la domiciliación fiscal, se combaten las prácticas de comercio internacional asimétricas, entre otras muchas acciones públicas. En esos países realmente se financia a las Pymes con fondos y condiciones crediticias especiales y se conceden tratamientos preferenciales. Todo ello parece estar ausente en la administración económica de México.
Simples estrategias de crecimiento son muy loables, como la priorización actual por parte del Senado de la región sur-sureste del país, en la que radica el mayor potencial productivo del país y en la que se asienta el mayor número y porcentaje de población en situación de pobreza del país. En el mismo sentido, es relevante el compromiso presidencial de rehabilitar y ampliar el sistema de riego agropecuario del país. Esas son medidas concretas y lógicas para incrementar la productividad y apoyar el crecimiento del país.
Crecer y generar empleo es la base para el desarrollo. Distribuir equitativamente los productos del crecimiento y proporcionar los servicios sociales que la población demanda es desarrollar el país. El fomento empresarial es necesario, pero el país no es una empresa que únicamente requiere ser bien administrada.
Cuando a fines de los 1970’s se dijo que México más que subdesarrollado estaba sub-administrado, el país de pronto despertó en medio de una pesadilla. Hay condiciones objetivas y tiempos que obligan a cambiar y cambiar para ser más eficientes. Como en el pasado reciente, siempre hay oportunidades para crecer, hay que asumir sus riesgos y saber aprovecharlas.
