En las últimas dos décadas, el propósito de las reformas fiscales ha sido el incremento de impuestos. Lo mismo sucedió en 2014, en la cual además se fortalecieron los mecanismos de fiscalización del SAT, con la implementación de una plataforma informática alimentada con la contabilidad electrónica de los contribuyentes y los reportes e informes presentados por instituciones financieras, proveedores y otras autoridades. Un verdadero Big Brother fiscal.
El sucesivo aumento de las cargas fiscales ha fomentado el litigio de los contribuyentes, sobre todo de las empresas, como una vía para manifestar su inconformidad y, eventualmente, para obtener sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las leyes tributarias. Así sucedió, por ejemplo, hace ya varios años, con varias resoluciones de la Suprema Corte que señalaron que la tasa fija del ISR –en aquel entonces del 35%– violaba el principio de proporcionalidad tributaria. Años después se declaró inconstitucional el sistema de acreditamiento del IVA debido a que excluía algunos conceptos para calcularlo. Declaratorias de igual tipo recayeron sobre el Impuesto al Activo, el Impuesto sustitutivo del crédito al salario, y ciertos aspectos de las multas y delitos fiscales.
Parte de una historia constitucional que conviene tener presente y cuyos resultados en los últimos diez años no han sido alentadores. Lo peor, sin embargo, sería desistir del esfuerzo por convencer a la Suprema Corte de que el interminable aumento de impuestos es ya insufrible y, por lo tanto, inconstitucional. De esta actitud se han hecho partícipes Senadores y Diputados de oposición, quienes este año presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, una en contra de la homologación al 16% de la tasa del IVA en fronteras, y otra para oponerse a la eliminación de los Repecos, al incremento del ISR al 35% a las personas físicas y a la limitación en las deducciones personales. Las sentencias fueron desfavorables, consecuencia del descobijo constitucional que en la actualidad sufrimos los contribuyentes.
Otro ámbito del litigio fiscal son los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA), ante quien se presentan los casos, no de inconstitucionalidad de leyes fiscales, sino de legalidad de las actuaciones y resoluciones del SAT. Durante décadas fue relativamente fácil ganar los juicios en dicho tribunal, incluso cuando los impuestos no se hubieran pagado de manera correcta por los contribuyentes. Sin embargo, en los últimos años la tendencia se ha revertido gradualmente, al punto de que hoy los asuntos tienen una notoria sofisticación técnica que erradica la improvisación en los planteamientos jurídicos y que hace que ganar los casos sea con mucho más complicado que hace 20 años. Alardes como “yo lo gano porque lo gano”, son ahora inatendibles.
Por definición, las empresas buscan optimizar sus recursos financieros. Las herramientas litigiosas son una vía para hacerlo, sobre todo en tiempos en que las continuas reformas fiscales y las actuaciones del SAT afectan sus resultados. Por ello, los contribuyentes, al afrontar la decisión de interponer o no los medios de defensa, deben evaluar la idoneidad personal y profesional de los abogados que los asesoran, así como analizar si la estrategia de litigio que les sea propuesta concuerda con su visión empresarial. No son pocos los casos en que las sentencias, siendo favorables, ningún beneficio económico acarrean, o peor aún, al ser desfavorables dejan a los contribuyentes en un escenario de riesgo frente al fisco federal.
La especialización del litigio fiscal exige un estudio constante de las leyes y de las decisiones de los tribunales federales del país, no sólo para combatir las reformas a esas leyes y las actuaciones del SAT, sino también para idear estrategias que, ratificadas por la Suprema Corte y el TFJFyA, sean válidas y permitan, por consecuencia, encontrar oportunidades de negocios sin contingencias legales. En la situación financiera actual, es imperioso tenerlo presente.
