Durante décadas, los paraísos fiscales se han utilizado como cobijo de la evasión fiscal y como reducto para ocultar ingresos resultantes de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, personas y armas, así como para lavar dinero.
Ciudad de México.- Durante décadas, los paraísos fiscales se han utilizado como cobijo de la evasión fiscal y como reducto para ocultar ingresos resultantes de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, personas y armas, así como para lavar dinero.
Tres factores han dinamizado la red -y el éxito- de los paraísos fiscales: una baja o nula imposición del ISR, un irreductible secreto bancario y una férrea privacidad de la información fiscal. Estas ventajas son conocidas a nivel mundial, y México no es ajeno a ese fenómeno. En nuestro país, por ejemplo, pueden celebrarse operaciones con filiales de bancos europeos ubicados en paraísos fiscales, al igual que con representantes y promotores del Caribe o Asia, por ejemplo.
En un entorno globalizado, los muros culturales, idiomáticos, geográficos y de distancias no representan obstáculo alguno. Todo se reduce a querer evadir impuestos o querer ocultar el dinero proveniente de actividades ilícitas. En ello está implícita la disposición a cubrir los costos -reducidos en proporción a las ventajas- de los servicios bancarios que se reciben a cambio.
Sin embargo, en años recientes las ventajas de los paraísos fiscales se han puesto en entredicho. La OCDE y el G-20 han realizado esfuerzos significativos para desarticularlos, aunque fue la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos la que potenció esa lucha, con un discurso enfocado no sólo al aumento de los ingresos tributarios -algunas estimativas indican que la evasión fiscal de contribuyentes americanos a través de paraísos fiscales asciende a US$100 millones al año-, sino también a desactivar el financiamiento del terrorismo mediante el lavado de dinero.
En un principio, los pasos fueron lentos y los avances graduales, pero al final los resultados se precipitaron en poco tiempo. En la actualidad, no es difícil que el SAT, por ejemplo, obtenga información en otros países de contribuyentes mexicanos. Los esquemas de cooperación internacional han evolucionado y no es remota la posibilidad de que los paraísos fiscales sean parte de la historia.
Sin embargo, al interior de la OCDE, del G-20 y de la Unión Europea la actitud ha sido contradictoria. Así, por ejemplo, Suiza, Andorra y Liechtenstein han operado con notorio descaro en el corazón de Europa, y en forma inexplicable a Luxemburgo se le excluye de esa categoría. Inglaterra, por su parte, ha escudado durante décadas a territorios que bajo su feudo han fortalecido su actuar, tales como Islas Caimán, Bermuda, Gibraltar e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.
La OCDE impulsó los primeros esfuerzos del cambio. A la par de tratados fiscales para evitar la doble imposición internacional, auspició la celebración de convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria. El esquema dio resultados incipientes, alejados de lo deseable, pero sin duda en el rumbo de un combate eficaz contra los paraísos fiscales. Experiencia distinta fue el convenio multilateral de la Unión Europea, con una buena efectividad en materia de intercambio de información fiscal entre los países que la integran, excepto por cuanto hace a los paraísos fiscales que operan en esa zona.
En el camino apareció el FATCA [Foreign Account Tax Compliance Act], que permitió al gobierno de los Estados Unidos el acceso a información de depósitos bancarios y de inversiones de sus contribuyentes en paraísos fiscales. En forma paralela y con tintes novelescos, la fuga ilícita de información confidencial de un banco suizo y otro de Liechtenstein derivaron en actuaciones por fraude fiscal en contra de 1000 empresarios alemanes, 200 españoles y cientos más de otros países. Las acciones penales en Estados Unidos por ese motivo no sólo involucraron a 100 de sus contribuyentes, sino que se extendieron al banco suizo que sufrió el robo de la base de datos, quien fue acusado de promoción y encubrimiento del mismo delito.
Bajo el liderazgo de Estados Unidos, el siguiente paso fue que la OCDE y el G-20 asumieran como prioridad la desaparición de los paraísos fiscales, de la mano del intercambio automatizado de información fiscal entre autoridades, todo ello a través de un convenio multilateral que operará a partir de 2017. La determinación fue notable, al grado de que en poco tiempo son 51 países los se han adherido a dicho convenio -México lo hizo en 2011- con una lista importante de países que lo firmarán en el corto plazo. Los paraísos fiscales europeos y los tutelados por Inglaterra, por ejemplo, terminaron doblando las manos.
Una de las obligaciones establecidas en dicho convenio multilateral es que cada país celebre convenios bilaterales con el resto. El más importante de estos convenios firmado por nuestro país es, por razones obvias, con los Estados Unidos, con quien, además, existía el antecedente de un convenio de naturaleza similar firmado al amparo del FATCA. El nuevo convenio bilateral entrará en vigor a partir de 2015.
Existen fundamentos sólidos para estimar que los paraísos fiscales desaparecerán, que serán parte de la historia, al menos con las características que hoy los distinguen. De ser así, esconder el dinero no será nada fácil. Hasta el momento, parece que la batalla la ganan las autoridades fiscales.
