Las organizaciones señalan que estas agresiones no son hechos aislados y que “tenían el claro propósito de acallar las voces de padres y estudiantes que exigen la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos.”
Chilpancingo, Guerrero.- Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las agresiones por parte de la Policía Federal (PF) en contra de estudiantes y familiares de desaparecidos en Ayotzinapa durante los preparativos del concierto “Una luz en la oscuridad”, actividad en apoyo y solidaridad con los familiares de los normalistas, mostraba “graves contradicciones entre el discurso y la práctica del Estado mexicano.”
El documento describen las agresiones contra Ernesto Cruz Flores, estudiante de la UNAM, quien recibió el golpe de un proyectil en la mandíbula, ocasionándole una fractura; contra los padres de los normalistas, Lambertino Cruz Antonio, quien se encuentra hospitalizado por contusión en el cráneo y Mario César González Cabrera; contra los maestros Manuel Salvador Rosas Zúñiga y Osmín Valdés Hipólito, que fueron ingresados al hospital y contra los periodistas Carlos Alberto Ogaz Torres y Alejandrino González Reyes.
“Los elementos policiacos también despojaron a choferes y maestros de sus carteras, zapatos y otros objetos personales”, detallan.
Los firmantes destacan que los padres de los normalistas y los estudiantes de Ayotzinapa “son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo el Estado Mexicano soslayó el cumplimiento de la medida citada.”
“Estos hechos no pueden considerarse aislados”, señalan, y agregan que “tenían el claro propósito de acallar las voces de padres y estudiantes que exigen la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos.”
“Claramente, estamos ante un endurecimiento de la postura del Gobierno Federal frente a la indignación social que aún se expresa en Guerrero”, apuntan.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Javier Sicilia.
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