A pesar de las dificultades de los legisladores por acceder a información sobre casos de violaciones a los ddhh en que están inmiscuido miembros del Ejército, se busca instalar otra Comisión que indague las desapariciones forzadas en que participan militares y policías.
Ciudad de México (elsemanario.com).- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitió la iniciativa de la creación de una Comisión de la Verdad en Materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el Periodo 2006-2014. Será discutida por la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Trinidad Morales Vargas (PRD), miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, afirma que se tiene como propósito el restablecer los derechos de las víctimas de agentes del Estado como policías y militares, y castigar a los responsables. Se estima que esta Comisión de resultados en 30 meses.
Admiten que el problema data desde hace tres décadas, pero que la alza del crimen y la violencia desde el inicio de la “guerra contra el crimen organizado” durante la presidencia de Calderón hasta la fecha, requiere de otro tipo de acciones. Actualmente las desapariciones forzadas alcanzan los miles de personas.
Señalan que las recomendaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Red Internacional de Derechos Humanos serán seguidas por la Comisión, y aseguran que se hará un registro completo de los desaparecidos en México. Además buscan adecuar las leyes estatales y nacionales a los parámetros internacionales sobre la desaparición forzada, afirmó González Vargas: “Resulta por ello de vital importancia que se inicie un proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas y generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades que coadyuve al restablecimiento de la paz social”, afirmó.
El presidente de la CNDH, Luís Raúl González Pérez, había solicitado que se le diera tiempo para que su institución llevara a cabo las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa, y que no había tiempo para que se estableciera una Comisión de la Verdad. También se han atrasado durante varios meses la competencia de organismos internacionales en las violaciones a los ddhh.
Sin embargo, habría que esperar qué es lo que esta nueva Comisión de la Verdad planea lograr frente al constante rechazo de las autoridades militares por otorgar acceso a la información a los legisladores sobre incidentes en que están involucrados elementos de las fuerzas castrenses. La Comisión formada para investigar el caso Tlatlaya advirtió sobre este obstáculo, ante el cual sus resoluciones quedan limitadas a la información que el Ejército decide dar a conocer. IFAI emitió un dictamen en que la negativa de las fuerzas armadas por hacer accesible el expediente de la investigación sobre el caso es improcedente y debe dar acceso.
