Ya con el resultado de la elección presidencial a la vista, ha dado inicio el proceso de transición que derivará en el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años y los correspondientes Programas Sectoriales, que conducirán a la definición de líneas de acción estratégicas para el sector convergente de telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información.
En principio debemos reconocer que el mercado, la regulación y la Reforma Constitucional han resultado en un saldo en el sector de las telecomunicaciones en condiciones de menores precios, mayor disponibilidad y acceso a servicios. Sin embargo, en este sector tan cambiante, persisten asuntos pendientes y retos latentes que atender.
En primer lugar, la gestación de una competencia verdaderamente efectiva. A más de un lustro de la Reforma, una de las promesas incumplidas ha sido el rebalanceo de los mercados hacia los operadores competidores. Si bien tiene lugar un impulso competitivo entre los jugadores en términos de inversión y ofertas comerciales, el principal operador, también denominado Agente Económico Preponderante (AEP), ostenta 6 de cada 10 usuarios de telecomunicaciones, esto es, una reducción escasa de 4.5 puntos porcentuales de su participación de mercado en el agregado sectorial.
Traducido en métricas cualitativas, la capacidad económica y de tenencia de usuarios de este operador le sigue permitiendo contar con la mayor cantidad de espectro radioeléctrico, con el mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones frente a sus competidores, con los márgenes suficientes para igualar e incluso mejorar la oferta de sus pares en el mercado, entre otras ventajas competitivas. Todo ello resulta en un persistente desbalance competitivo entre operadores.
Otra de las asignaturas pendientes es aquella de la conectividad universal. Si bien ha crecido significativamente el acceso a internet entre hogares (44.0% del total) y unidades económicas (43.0% del total) durante la presente administración, aún no se ha alcanzado el mandato constitucional de contar con un acceso mínimo en 70% de los hogares y 85% de las MiPyMEs a nivel nacional.
Otro reto es la materialización de un gobierno, economía y sociedad plenamente digitales. Adicional a los esfuerzos de disponibilidad y accesibilidad universal de las TIC, se requiere la instrumentación de acciones efectivas para detonar el aprovechamiento óptimo de estas tecnologías en la vida social, productiva, educativa y de interacción gubernamental de todos los mexicanos.
Por otro lado, la generación de incentivos para la inversión en infraestructura e innovación sectorial, la cuarta revolución industrial, la neutralidad de la red, el internet de las cosas, una política fiscal integral para las telecomunicaciones, la transición a la provisión de servicios móviles 5G y la implementación de una política satelital, son algunos de los retos adicionales que tiene el gobierno próximo a entrar en funciones.
Primeras Propuestas de la Próxima Administración
En términos generales, al considerar los pronunciamientos, propuestas de la plataforma electoral y el Plan de Nación 2018-2024, emitidos por el virtual Presidente Electo y su equipo, se identifica un posicionamiento enfocándose principalmente en la ampliación de la cobertura de servicios.
Si bien se ha sostenido en diversas ocasiones que la administración entrante no planea cambios en el marco legal del sector, puede advertirse un cambio de prioridades. Por ejemplo, encontramos un menor protagonismo de aspectos de competencia económica para centrar esfuerzos en el incremento de la cobertura, disponibilidad y adopción de servicios.
Ahí podemos observar una posición laxa con respecto a dos retos aspectos en materia de competencia. Por un lado, existe una ventana de oportunidad para permitir la eventual entrada del preponderante al segmento de televisión de paga, mientras que se han mostrado claramente escépticos respecto a regular a las plataformas de video bajo demanda por internet. Ambos con marcados efectos sobre la dinámica competitiva del sector en su conjunto, incluido aquél de contenidos audiovisuales restringidos.
En lo que toca a la economía digital, se enfatiza su importancia, pero escasean hasta el momento planteamientos o propuestas específicas a superar los mayores retos que enfrenta su desarrollo.
Con respecto a la radiodifusión, se han detectado pronunciamientos a favor de un replanteamiento de los tiempos oficiales que recibe el Estado y en contra de montos elevados de gasto en comunicación social.
Por ahora cabe esperar a la definición específica de una estrategia sectorial que esperemos surja de las directrices emitidas desde la industria y las demandas sociales. Ello en forma de una Agenda Digital Nacional para los próximos años.
